El Gobierno ordenó el viernes a la Abogacía del Estado que inicie el proceso para impedir que D3M y Askatasuna, formaciones a las que considera sucesoras de la ilegalizada Batasuna, estén en las elecciones vascas del próximo 1 de marzo.

La petición la anunció la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, durante la que dijo que el Ejecutivo estaba decidido a evitar "el fraude" electoral.

El Gobierno ha ordenado "ejercitar todas las acciones legales previstas en la ley para evitar que ninguna formación política o candidatura electoral sucesora o continuadora de las ya ilegalizadas pueda concurrir a las elecciones", dijo De la Vega.

Tres mujeres vinculadas con la izquierda abertzale encabezan las candidaturas de la formación Demokrazia Hiru Milloi (D3M) para las elecciones, mientras que Askatasuna cuenta con aspirantes sin vinculación con la política, según las listas publicadas esta semana en el Boletín Oficial del País Vasco.

Las Juntas proclamarán el 2 de febrero las candidaturas que concurrirán a los comicios autonómicos y un día después se publicarán en el BOPV las proclamadas, tras lo cual quedará abierta la vía del recurso contra dicha proclamación. Las impugnaciones habrán de ejecutarse los días 4 y 5 de febrero y los tribunales resolverán en dos días.

Las candidaturas impugnadas podrán recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que dictar definitivamente sentencia antes del comienzo de la campaña electoral el 12 de febrero.