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El Gobierno pide al TC mantener la suspensión de la consulta para no dañar el interés del Estado

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El Gobierno ha pedido hoy al Tribunal Constitucional (TC) que mantenga la suspensión de la Ley de Consulta popular vasca para evitar el "daño irreversible a los intereses generales del Estado" que se produciría en el caso de que la consulta se celebrara y, posteriormente, fuera declarada inconstitucional.

Así se argumenta en las alegaciones que el Abogado del Estado ha presentado esta mañana ante el TC a la petición del Ejecutivo vasco para que se levante la suspensión de la consulta popular, y en las que el Gobierno se ratifica en la conveniencia de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad antes del 15 de septiembre.

Esa es la fecha tope establecida en la ley para convocar oficialmente la consulta el 25 de octubre.

En dichas alegaciones el Gobierno se opone firmemente a que se levante la suspensión de la norma, al considerar que si la consulta se celebra y después se estima el recurso de inconstitucionalidad, "el daño a los intereses generales del Estado sería irreversible".

Asimismo, subraya que, en ese caso, "la consulta se habría celebrado eliminando o desvirtuando absolutamente la competencia exclusiva de autorización" que reserva la Constitución al Estado y lesionando el interés de preservar la soberanía del pueblo español.

Un daño que se evitará, a juicio del Gobierno, en el caso de que se ratifique la suspensión de la ley y el recurso sea estimado, ya que sería suficiente con que el Parlamento vasco propusiera las fechas de convocatoria y de celebración de la consulta.

En contra de la opinión del Gobierno vasco, el abogado del Estado señala que, aunque el TC ratificara la suspensión después del 15 de septiembre e incluso del 25 de octubre y desestimara el recurso, la consulta no quedaría "en hibernación 'sine die'", sino que bastaría una leve modificación de la ley recurrida para que el referéndum se pudiera celebrar en otras fechas.

Para los servicios jurídicos del Estado, con la consulta planteada, el lehendakari pretende tener un "instrumento de presión" frente al Gobierno, de tal manera, según explican en sus alegaciones, como el jefe del Ejecutivo "no ha querido negociar" con Juan José Ibarretxe sus propuestas "se pretende movilizar al electorado vasco para forzar esa negociación".

Indica además que, aunque el electorado vasco respondiera negativamente a una de las dos preguntadas planteadas en el referéndum, se habría creado el precedente, recalca el abogado del Estado, "de que es posible utilizar un procedimiento referendario" para forzar políticamente al Ejecutivo "a seguir los dictados" del lehendakari.

Por este motivo, el Gobierno recurre la iniciativa del Ejecutivo vasco, ya que así "trata de contrarrestar el intento de manipular al electorado vasco" y también impedir que un Gobierno o Parlamento autonómico "pretendan forzar la voluntad política del Gobierno central mediante consultas populares sin que esté garantizada su legalidad".

La Abogacía del Estado insiste en que levantar la suspensión de la Ley de Consulta popular vasca acarrearía "perjuicios irreparables o de difícil reparación".

En la consulta planteada por Ibarretxe habría dos preguntas. La primera es: "¿está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?"