Público
Público

El Gobierno quiere ahorrar 7.129 millones con su reforma local y que sólo cobre el 18% de los concejales

El Gobierno apela a "los ideales" de los políticos para retirar el sueldo al 82% de ediles de los 8.166 ayuntamientos del país. El informe de la futura ley para la reforma de las administraciones locales recoge un ahorro neto de

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Entre la opción de recortar el 30% de concejales a la que se comprometió Mariano Rajoy o de suprimir el sueldo de una gran mayoría de ellos (82%), el Gobierno se ha decantado por la segunda opción. De esta forma, 56.097 ediles de los 8.166 ayuntamientos españoles trabajarán sin salario y sólo 12.188 tendrán dedicación exclusiva. La medida, recogida en el informe presentado hoy al Consejo de Ministros, afecta a todos los consistorios, pero particularmente a los de menos de 1.000 habitantes, en donde no cobra ningún miembro del Ejecutivo local, ni siquiera el alcalde.

Como subrayó el titular del proyecto, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, esto ya ocurre ahora en los pequeños municipios, aunque no en las grandes corporaciones. Madrid y Barcelona, por ejemplo, también se verán afectadas por esta medida, de forma que en sus ayuntamientos dejarán de cobrar, respectivamente, doce ediles de 57 y nueve de 41, tal y como recoge el documento adjunto a la referencia del Consejo de Ministros sobre este informe (ver documento adjunto).

Sobre el posible rechazo que pueda generar esta propuesta de supresión de sueldos de ediles, especialmente en los ayuntamientos de más de 100.000 habitantes (en donde tendrían dedicación exclusiva desde los 18 concejales de los municipios de entre 100.001 y 300.000 habitantes -como A Coruña con 245.000- a los 45 de Madrid, con 3,2 millones), Montoro ha apelado al ejemplo de los consistorios pequeños, en donde ya actualmente, los políticos 'participan [en la gestión local] sin retribución alguna'. Hay mucha gente, ha argumentado el titular de Administraciones Públicas, que ocupa su puesto en los ayuntamientos 'por ideas y por ideales'.

Los alcaldes también tendrán sus sueldos fijados por el Estado, a través de los presupuestos generales, aunque en la reforma de la ley el Gobierno ha incluido una tabla correlativa en función del número de habitantes, con un máximo sito en los alcaldes de municipios de más de 500.000 habitantes y un mínimo en los de las entidades de menos de 1.000, que no cobrarán. El máximo salario equivaldría al de un secretario de Estado, el cual, según Montoro, se sitúa 'en torno a los 100.000 euros'. Sin embargo, tampoco en este caso el ministro ha querido ser más preciso, pues el sueldo medio de los secretarios de Estado -incluidas pagas extra y complementos- es de 71.886,31 euros.

Pero no todos los terceros niveles de la Administración Central cobran lo mismo ni reciben los mismos sueldos por actividades relacionadas con su cargo, como los Consejos de Administración de las empresas públicas o participadas por el Estado. En cualquier caso, Montoro ha explicado que los regidores que más cobren lo harán por encima del presidente del Gobierno -como los secretarios de Estado- porque el nivel salarial del jefe del Ejecutivo sería 'demasiado' recorte.

El número total de asesores también se recorta, pasando de 8.116 a 6.489, con un máximo de un 0,7% del total de la plantilla municipal para los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes y un mínimo de 0 para los de menos de 5.000.

Montoro se ha referido, asimismo, al ahorro que supondrá esta ley si es aprobada por las Cortes Generales en los términos del Gobierno y que asciende a 7.129 millones de euros netos 'entre 2013 y 2015'. El ahorro por la limitación de los sueldos de los concejales y la eliminación de asesores es de 145 millones, apenas un 2% del total estimado.

Sin embargo, fuentes del Ejecutivo han apuntado al término de la rueda de prensa en la que se anunció el informe que la previsión del Ministerio de Hacienda es tener aprobada la ley para 'incluirla en los presupuestos de 2014', esto es, en el otoño-invierno de este año, lo cual obligaría a acelerar mucho el debate parlamentario, en el que el Gobierno quiere implicar a todos los grupos políticos.

Antes del mismo, además, el texto del informe pasará por el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL), dependiente de Hacienda. En este órgano será en donde los ayuntamientos deberían dar el visto bueno a la reforma planteada por el Ejecutivo, el paso más delicado a tenor de las controversias surgidas desde que Montoro propuso un primer anteproyecto de ley en julio de 2011, cuando los propios alcaldes del PP lo rechazaron. La dificultad de lograr un acuerdo de consistorios lo más amplio posible podría retrasar la aplicación de la ley hasta las próximas municipales, previstas para 2015.