Publicado: 08.12.2013 13:21 |Actualizado: 08.12.2013 13:21

El Gobierno quiere quitar a Catalunya y Andalucía la gestión de las becas para ahorrar 2,8 millones

El informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas argumenta que los convenios con estas autonomías "genera retrasos" en la gestión de las ayudas

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El Gobierno quiere que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lleve la gestión directa de las becas generales, procediendo a la suspensión de los convenios de colaboración que tiene con Catalunya y Andalucía para la tramitación de estas ayudas, con el objetivo de ahorrar 2,8 millones de euros.

Así lo indica el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que advierte de que la firma de los convenios con estas dos autonomías "genera retrasos" en la gestión de las becas, de modo que los beneficiarios de Andalucía y Catalunya —becas universitarias y no universitarias— las reciben "sensiblemente más tarde que quienes cursan sus estudios en otras comunidades autónomas".

En concreto, pone como ejemplo que, a fecha de la memoria de la reforma —abril de 2013—, en la comunidad autónoma de Catalunya los estudiantes beneficiarios de becas no universitarias no las habían recibido todavía para ese curso escolar 2012-2013, pese a que faltaban tres meses para que terminara.

El convenio con Catalunya —becas universitarias y no universitarias— se firmó por primera vez en el curso 2005-2006 y con Andalucía —becas no universitarias— en el 2009-2010. En virtud de estos acuerdos, el Ministerio de Educación realiza las convocatorias, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y estas autonomías sumen las funciones de tramitación, pago, inspección, verificación y resolución de los recursos correspondientes a las becas.

Según la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, estos acuerdos "no suponen ahorro alguno" para la Administración General del Estado, que mantiene el mismo operativo informático para la gestión de becas del resto de comunidades autónomas y universidades. "Se trata de un procedimiento altamente informatizado que invierte los mismos recursos para el tratamiento del actual número de solicitudes —un millón—, que si tuviera que tramitar también las de catalanes y andaluces", apostilla.