El Consejo de Ministros estudia hoy la mayor liberalización de los colegios profesionales llevada a cabo de forma que profesionales como abogados, arquitectos o registradores podrán ejercer su profesión con menos restricciones y prerrogativas de sus respectivas organizaciones colegiales. Esta medida es una de las de mayor trascendencia de un paquete de reformas económicas que el Gobierno pone hoy en marcha, dentro de la transposición de la directiva de Servicios de la Unión Europea (UE), con las que también se pretende hacer frente a la crisis económica.

La reforma de la Ley de Colegios Profesionales que plantea el Ministerio de Economía y Hacienda elimina que los colegios fijen un baremo orientativo de honorarios de forma obligatoria; además, permite a los profesionales hacer publicidad de sus servicios (algo que hoy está prohibido para algunos de estos colectivos).

La reforma planteada en el anteproyecto de ley, que afecta a casi millón y medio de profesionales, suprime también la prohibición que hay de asociarse varios profesionales bajo la figura jurídica de sociedad anónima, así como la obligatoriedad de que los arquitectos sometan sus proyectos al visado del Colegio (el proyecto deberá seguir siendo realizado por un arquitecto, pero no tendría que ser visado por el Colegio salvo que de forma voluntaria así se quiera).

Cuando se ejerza fuera de la demarcación donde se esté colegiado por ejemplo, cuando un abogado de Madrid interviene en un juicio en Barcelona no habrá que comunicarlo al Colegio catalán.

El Ministerio quiere implicar a los colegios profesionales en esta reforma, si bien es previsible que encuentre más resistencias de las esperadas. También puede topar con la oposición de algunas comunidades autónomas que en sus estatutos regulan la actuación en sus territorios de las organizaciones colegiales.

La reforma de los colegios acompaña a un amplio anteproyecto de ley, conocido como ley omnibus, que modifica 47 leyes estatales que están directamente afectadas por la Directiva de Servicios de la UE y que analiza hoy el Gobierno. Los cambios se dirigen, principalmente, a facilitar la libertad de establecimiento y de prestación de servicios, la reducción de trabas administrativas y la supresión de la autorización previa en muchos trámites.

El anteproyecto inicia ahora el trámite de consultas con los sectores afectados, antes de volver a la Mesa del Consejo de Ministros. Es el camino que ha llevado la ley paraguas sobre la Directiva de Servicios, que el Ejecutivo aprueba hoy con más de dos meses de retraso.

Este proyecto determina los criterios que deben seguir a partir de ahora todas las normas para no contradecir la legislación europea. No sólo la regulación estatal: la mayor parte de las normas afectadas por la directiva es de las comunidades autónomas (unas 500 leyes y unos 1.700 decretos autonómicos).