El Gobierno presentará hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, una iniciativa que, de ser admitida a trámite, supondrá la suspensión temporal de la norma.

La presidenta del Ejecutivo regional, Esperanza Aguirre, calificó de "desproporcionado" el recurso del Gobierno central ya que, en su opinión, trata este asunto "como si fuera un ataque a la Constitución".

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene previsto pedir hoy al Constitucional la suspensión cautelar de la reforma de la Ley de Cajas aprobada el pasado mes de diciembre y que la Comunidad de Madrid quiere aplicar en el actual proceso electoral de la entidad madrileña.

Según explicaron a Efe fuentes jurídicas, aunque la propia impugnación por parte del Estado de una ley autonómica implica la suspensión cautelar de la misma durante cinco meses, el Ejecutivo esperará a que el Tribunal Constitucional decida si admite a trámite el recurso.

En el caso de que así lo hiciera, quedaría por aclarar cómo podría continuar el proceso electoral de Caja Madrid, que debería culminar en septiembre con la renovación de todos los órganos de gobierno de la entidad, incluida la presidencia, que actualmente ocupa Miguel Blesa.

El recurso será presentado por el abogado del Estado dos días antes de que termine el plazo para recurrir la ley.

La norma entró en vigor el 1 de enero de este año y dividió a los órganos de gobierno de Caja Madrid entre partidarios de su aplicación en estas elecciones y una mayoría contraria a ello.

Dicha norma establece que la representación de los distintos grupos está en función de la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.

Según el recurso que interpondrá el Gobierno, la Ley de Cajas aprobada por la Comunidad de Madrid contempla la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad y otra para los del resto de las comunidades en los que Caja Madrid tenga oficinas abiertas-.

Es la existencia de estas dos circunscripciones electorales la que puede, según el Gobierno, alterar la proporción que exige la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).

Además, el Gobierno de Aguirre y los defensores de sus tesis en Caja Madrid han insistido en el carácter retroactivo de la norma con el fin de que se aplique al proceso electoral abierto en la caja desde octubre de 2008, lo que haría prácticamente imposible la reelección en septiembre de Blesa como presidente de la entidad.

El Gobierno regional ya advirtió el pasado lunes de que impondría unos estatutos en la caja adaptados a la nueva normativa, después de que ese día la Asamblea General de la entidad lo rechazara.

Según explicó el viernes la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la representación en los órganos de gobierno que establece la normativa regional es contraria al "criterio de proporcionalidad" que establece la LORCA de 2003.

El ministro Pedro Solbes señaló también el viernes que esa razón, unida a un informe del Consejo de Estado que dice "de forma tajante y casi textual" que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad, hacen "muy difícil no actuar" al Ejecutivo.