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El Gobierno renuncia a perseguir a residentes extranjeros que cometan delitos contra las mujeres fuera de España

La Abogacía exige al Gobierno que cumpla íntegramente el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer. La única justificación del Ejecutivo es la dificultad prácti

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El Consejo General de la Abogacía Española solicitará al Gobierno que cumpla íntegramente el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer porque, tal y como está ahora, 'se dejan impunes los delitos de género cometidos fuera de nuestras fronteras por extranjeros residentes en nuestro país'.

El Gobierno ha decidido no perseguir a los autores de estos delitos cuando sean cometidos en otro país por extranjeros que tengan la residencia habitual en España. Es decir, que si un ciudadano extranjero residente en España acosa sexualmente a una mujer, la obliga a abortar o la somete a una mutilación genital en otro país y vuelve a España, el delito aquí no sería perseguido. Pero si el autor reside en otro de los 47 Estados europeos firmantes, sería perseguido y condenado. Esta reserva, insiste el consejo, podría convertir a España en refugio de personas que buscan impunidad.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer, conocido como Convenio de Estambul, 'tiene por objeto regular, investigar y perseguir delitos contra la mujer, como el acoso sexual, la mutilación genital o el matrimonio forzoso y pretende proteger a las mujeres contra todo tipo de violencia, promoviendo para ello la cooperación internacional', explica el Consejo General de la Abogacía en un comunicado. De los 47 miembros firmantes, sólo cuatro (Malta, Serbia, Polonia y España) han hecho algún tipo de reserva.

La única justificación que ofrece el Gobierno es la dificultad práctica que supone la persecución de estos delitos. Según el Consejo General de la Abogacía, España, referente en Europa por su legislación contra la violencia sobre la mujer, ha adoptado una decisión que confronta claramente con la política de persecución de los delitos de género y, si no se rectifica, acarreará funestas consecuencias que la Abogacía Española ni quiere ni puede consentir que pasen desapercibidas.