Publicado: 13.08.2014 17:10 |Actualizado: 13.08.2014 17:10

El Gobierno retrasa y disminuye las pensiones de jubilación de los desempleados de mayor duración

Publicidad
Media: 5
Votos: 2
Comentarios:

Octavio Granado
Secretario de Eº de Seguridad Social 2004-2011

El Gobierno del PP ha decidido continuar los recortes por la última prestación del estado de bienestar. Reducidas la educación, la sanidad, anulados los fondos para la Ley de Dependencia y ahora en vías de reducción de los servicios sociales municipales, los pensionistas han visto sus pensiones congeladas "ad eternum", pero esto no bastaba. La reforma proyectada sólo entrará en vigor en 2019, porque su aplicación inmediata destruiría electoralmente al Gobierno y sería a todas luces ilegal. Y lo que no puede hacerse con luz y taquígrafos, se disimula con un "criterio" que ningún afectado conoce.

En Seguridad Social un criterio se emite cuando hay una laguna legal o diferencias de interpretación sobre una norma. pero este nuevo "criterio" cambia, allí dónde no había dudas ni discusiones, la forma de actuar de la Administración sobre décadas. Básicamente, considera a todos los efectos a quienes están pagando un convenio especial como afiliados ocupados y en alta.

El convenio especial es una vía de la que dispone un trabajador que no desea que su pensión, después de llevar treinta años pagando por una base alta, se calcule sobre las bases mínimas. La norma establece que su incorporación al Sistema solo existe para este abono de cotizaciones, y precisa de una norma "con rango suficiente" para una incorporación plena.

Ahora el convenio no solo no mejora la protección del que lo suscribe, sino que como ya no está despedido, le impide jubilarse aunque no cobre ningún salario durante años. Considera a todos los efectos que esta instrucción interna de la Administración le incorpora al sistema plenamente.

Resultado, la jubilación se retrasa al menos dos años. Y lo que es peor, la norma tiene, contra lo que establece nuestra Constitución, criterios retroactivos, porque los convenios abonados antes de que saliera la instrucción modifican la edad de jubilación a posteriori.

Con lo que los despedidos del futuro se van a encontrar con pensiones más bajas, aunque lleven la vida cotizando por bases altas. Y esto desincentiva la cotización, como la reforma en vigor, en un momento en el que los ingresos son necesarios. pero perjudica especialmente a los peor tratados, a los despedidos que llevan con más de cincuenta años años y años sin encontrar un trabajo.

La norma va a tener efectos demoledores. Los despedidos con acuerdos singulares con sus empresas las demandarán por incumplimiento de condiciones, al quedar dos años sin protección. Los que no puedan encontrar este alivio quedarán condenados a la miseria.

Porque, además, en abundante normativa autonómica los beneficiarios de las Rentas Mínimas de Inserción Social no pueden estar afiliados a la Seguridad Social, con lo que esta interpretación ampara que salgan de la garantía social. Eso sí, considerándoles ocupados a todos los efectos. Quienes suscriban un convenio podrán incorporarse a las estadísticas de "Afiliados ocupados", con lo que Rajoy acaba de conseguir su ideal de trabajador perfecto, alguien que no cobra un euro pero figura en las estadísticas como ocupado.

Esperemos que los Tribunales frenen esta nueva agresión, pero los ciudadanos tampoco podemos quedar impasibles.