El Consejo de Ministros ha dado luz verde al proyecto de Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación que, entre otros aspectos, simplifica las condiciones para otorgar una licencia ambiental a las actividades industriales y reduce de 10 a 9 meses el plazo máximo para otorgar o denegar la autorización.

El proyecto se enviará a las Cortes Generales para su tramitación 'de urgencia', tal y como ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha añadido que se hará 'para cumplir con los plazos comunitarios'.

La autorización ambiental integrada responde a un sistema para la prevención y control de la contaminación en las actividades industriales integrada en la Ley 16/2002 de 1 de julio y que regula aspectos como las emisiones a la atmósfera, el agua, el suelo, la gestión de residuos, la prevención de accidentes y la eficiencia energética.

Sáez de Santamaría ha señalado durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que con ello se traspone la directiva europea sobre emisiones industriales. Entre los cambios introducido, se suprime la necesidad de aportar la documentación que está en poder de la administración en los procesos de revisión y se suprimer la obligación de renovar la autorización cada 8 años aunque no hubiera ningún cambio en las circunstancias.

Pese a esto, la vicepresidenta ha defendido que 'se mejorará la protección del medio ambiente' y que el nuevo texto permite una mayor simplificación administrativa porque se han reducido muchos trámites en el procedimiento, 'sin merma de las garantías'. Al mismo tiempo, ha añadido que incluye una legislación 'más exigente' desde el punto de vista medioambiental mientras se introducen mecanismos que agilizarán la concesión o denegación de la correspondiente autorización.