El Gobierno ha suspendido las licencias de exportaciones de armamento y material de defensa a Libia debido a la represión con la que el régimen de Muamar el Gadafi está tratando de aplacar las revueltas en su país a favor de más democracia.

El secretario de Estado de Asuntos Exteriores e Iberoamericanos, Juan Antonio Yáñez-Barnuevo, ha informado de esta medida a la Comisión de Exteriores del Congreso durante su comparecencia para exponer la política multilateral de su departamento.

Yáñez-Barnuevo ha afirmado que esta decisión, adoptada también por otros países europeos, se une a otras encaminadas a expresar el rechazo por la actuación violenta del régimen de Gadafi contra los opositores que piden su renuncia.

Libia fue el segundo destino de las ventas españolas de material de doble uso -civil o militar- en 2009, con 12,7 millones de euros, lo que representó un 12,8 por ciento del total.

Estas exportaciones se centraron en tres radares para navegación y control del tráfico aéreo civil con repuestos para mantenimiento, así como en sustancias químicas destinadas para ser usadas en análisis de laboratorio de una universidad, según el informe del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

En 2009, Libia no estaba sometido a embargo alguno, dado que en 2004 quedaron levantados los que tenían vigentes la UE y la ONU.

En el último informe publicado por Industria, correspondiente al primer semestre de 2010, las exportaciones de material de defensa a Libia tuvieron un montante de 6,9 millones de euros, cuyo destinatario fueron las Fuerzas Armadas de este país.

Se registró una partida de 3,3 millones de euros en el apartado de aeronaves de combate, vehículos aéreos y motores de aeronáutica.

También hubo operaciones por valor de 3,5 millones de euros correspondientes a ventas de equipos de imagen.

Yáñez-Barnuevo ha asegurado que España apoya el que se cree una comisión de investigación independiente para esclarecer lo sucedido en los últimos días en Libia, donde se han registrado centenares de muertos.

Esta iniciativa se va a debatir a partir de mañana en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra a petición de los países de la UE.

El secretario de Estado también ha defendido la imposición de sanciones, aunque ha precisado que éstas deberían ser "individualizadas" para castigar la acción de los responsables de la represión.