La presidencia del Gobierno Vasco ha asegurado hoy que la solvencia del ejecutivo autónomo "está fuera de toda duda" y ha acusado al presidente del PNV, Iñigo Urkullu, de "manipular, crear alarmismo y empañar gratuitamente la imagen de Euskadi".

En una rueda de prensa en Bilbao, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, ha asegurado hoy que el Gobierno Vasco está en riesgo de "quiebra inminente" y que hubo una llamada "desesperada" de un consejero vasco de "peso" -cuyo nombre no ha desvelado- que "reclamaba ayuda al PNV para encontrar soluciones".

En un comunicado, la presidencia del Gobierno Vasco ha respondido que es "radicalmente falso" que alguien desde el ejecutivo haya dirigido al PNV una llamada de ayuda "desesperada".

Según el ejecutivo, "la solvencia del Gobierno Vasco está fuera de toda duda, más allá de las dificultades que el estancamiento de la actividad económica está creando a las administraciones públicas, las empresas y las familias. La Administración vasca es la que tiene una situación más saneada, la que antes paga a sus proveedores y la que cuenta con una deuda más reducida, como es de público conocimiento".

Como prueba que desmiente la supuesta situación de "quiebra inminente" del Gobierno Vasco, el ejecutivo socialista ha anunciado que hoy mismo ha concedido a las Diputaciones Forales -gobernadas por PNV, PP y Bildu -un aplazamiento de pago por importe de 310 millones con cargo a la primera aportación del año.

El Gobierno vasco ha expresado su sorpresa por que el presidente del PNV, "en lugar de arrimar el hombro y asumir sus responsabilidades con nuestro País, se dedique a la manipulación, a crear alarmismo y, en definitiva, a empañar gratuitamente la imagen de Euskadi en estos momentos. Este comportamiento retrata el talante del PNV y de su presidente y revela que no dudan en anteponer sus intereses partidistas a los de la sociedad vasca".

Según el Gobierno Vasco, lo que el Lehendakari y otros miembros de su Gobierno han venido reclamando desde hace mucho tiempo al PNV es "colaboración y compromiso para ayudar a afrontar los desafíos de la crisis económicas, abordando los cambios en la fiscalidad y en la lucha contra el fraude necesarios para sostener los servicios públicos y ayudar a nuestra economía".