La Audiencia Nacional ha citado hoy a representantes de la Abogacía del Estado y de las eléctricas Iberdrola, Endesa y Gas Natural-Fenosa para escuchar sus respectivas posturas sobre las medidas adoptadas por el tribunal en torno a uno de los aspectos que afecta al desarrollo del decreto del carbón.

El pasado viernes, la Audiencia Nacional suspendió de forma cuatelarísima (sin escuchar a las partes) la obligación de que las eléctricas presentaran en un plazo de tres días una carta de compromiso de compra a las empresas mineras de carbón autóctono.

Según fuentes cercanas al proceso, la Sección Cuarta de la Audiencia ha citado a las partes hoy para escuchar los argumentos de cada una de ellas a favor y en contra de que se mantenga de forma cautelar dicha suspensión.

La decisión judicial llegó después de que las tres compañías recurrieran ante lo contencioso-administrativo la resolución de la Secretaría de Estado de Energía en la que se establecen las cantidades de carbón a adquirir, los volúmenes de producción y los precios de la energía para 2010.

El decreto que incentiva el uso de carbón nacional para la generación de electricidad fija que las eléctricas debían presentar una carta con sus compromisos de compra de mineral hasta 2012 en el plazo de tres días a contar a partir de la entrada en vigor de dicha resolución (que entró en vigor con su publicación en el BOE el 26 de octubre).

Según Industria, la aceptación de las medidas cautelarísimas referentes a la carta afectan a un "asunto menor" que quedará resuelto hoy y no bloquea la entrada en vigor del decreto, ya que hay mucho carbón almacenado por Hunosa pendiente de ser quemado (aproximadamente el equivalente a un año de consumo).

Fuentes del sector eléctrico reconocieron que esta medida no bloquea el decreto del carbón en su conjunto, aunque subrayaron que ponen en cuestión uno de sus pilares fundamentales, como es el compromiso de compra de carbón.

Por otra parte, las eléctricas han recurrido la decisión de la Comisión Europea de aprobar el decreto ante el Tribunal de la Unión Europea, que en una comunicación no vinculante ha sugerido a Industria que aplace durante dos meses la aplicación del decreto.

El tercer frente judicial que mantienen abierto las empresas eléctricas contra el decreto está en el Tribunal Supremo, ante el que recurrieron la normativa a comienzos de mes.

El Supremo ha rechazado la suspensión cautelarísima de la norma y por el momento aún no se ha pronunciado sobre las medidas cautelares solicitadas por las compañías, que también incluían la paralización de su entrada en vigor.

Las compañías entienden que el decreto perjudica a las centrales que utilizan carbón importado y a las de ciclo combinado (que consumen gas) y vulnera las leyes del libre mercado.