Lo escrito, escrito está. Las ideas desarrolladas en artículos recientes por el recién nombrado ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, demuestran sus reservas frente a la reforma laboral y su inclinación a financiar con impuestos el sistema de pensiones. Posiciones identificadas claramente con la izquierda económica. Sabedor de esta ideología, Zapatero no ha dudado en designar a Gómez como ejecutor de las reformas laboral y de las pensiones.

En un artículo escrito el pasado 4 de octubre para la revista Temas para el Debate (cuyo consejo de redacción preside Alfonso Guerra), Gómez se planteó las 'tareas pendientes' tras la huelga general, donde destacó la necesidad de devolver el 'equilibrio' a la reforma laboral, mediante la 'negociación social'.

Cree que el Gobierno se alejó de su propuesta de Diálogo Social

Para Gómez, la ley no logra el 'adecuado grado de compensación' entre el 'impulso a flexibilizar' el contrato indefinido y 'los cambios, más bien tímidos, en la regulación del contrato temporal'. Además, lamentó que se haya incidido mucho más sobre un tipo de contratos, cuando se pretende paliar la segmentación del mercado.

Estos cambios, unidos a los orientados a flexibilizar la organización interna (como el descuelgue salarial) llevan al nuevo ministro a cuestionar el papel del Gobierno como preservador del 'equilibrio social' que considera 'el objetivo esencial de la política laboral'. Por eso, apenas 15 días antes de su nombramiento, Gómez abogó por trabajar en estas materias para hacer 'girar el entendimiento y la negociación social', más allá de 'abordar exclusivamente el desarrollo reglamentario de la reforma de 2010'.

En su intención negociadora estarían, por tanto, también los contratos temporales. Cabe recordar que el Gobierno introdujo un cambio a última hora en el proyecto de ley que remitió al Congreso respecto a la duración de los contratos por obra y servicio. En el texto que salió del Consejo de Ministros se recortaba su duración a dos años prorrogables a tres, pero ateniéndose a una de las demandas de la patronal, subió su duración mínima a tres años con opción a cuatro.

'A medio y largo plazo no tendrá sentido reducir los impuestos'

En este sentido, el cambio en la propuesta original que el Gobierno lanzó a los sindicatos, un viraje que se materializó en puntos como este del contrato de obra y servicio y con más crudeza en las causas de despido objetivo o la ampliación del contrato indefinido, no es del agrado de Gómez. El nuevo responsable de pilotar el Diálogo Social censura que la reforma que se llevó al Congreso difiriera de la que se negoció durante meses. 'La insuficiencia de resultados no ayuda a explicar el contenido de las reformas. En ausencia de acuerdos, el papel del Gobierno no debe permanecer fuera del terreno de las propuestas que defendió durante la negociación', apunta Gómez. Y continúa: 'El Gobierno no debe tener una política para el diálogo social sustancialmente distinta de aquella que se propone desarrollar en ausencia de acuerdo'.

Esta llamada a la coherencia se suma a otra crítica que Gómez había vertido sobre la propuesta para la reforma de las pensiones que el Ejecutivo anunció en enero. En otro artículo, publicado en febrero, dijo que el Gobierno ha sido demasiado concreto en su propuesta de subida de la edad de jubilación de 65 a 67 años ya que, en su opinión, hay que dejar más espacio al debate en el Pacto de Toledo y a los agentes sociales.

Además, perfiló sus recomendaciones para la reforma del sistema de pensiones. Así, señaló que en los próximos años habrá que insistir en las reformas para aumentar 'los ingresos haciendo que los impuestos participen más en la financiación de un sistema que, como el nuestro, no podrá descansar y no es bueno que descanse si sus gastos aumentan tanto como puede esperarse exclusivamente en las cotizaciones sociales'. 'En el medio y largo plazo, lo que no tendrá sentido es reducir impuestos'.

Tal y como hizo en su toma de posesión, el nuevo ministro destacó en el artículo la bonanza del sistema de pensiones, pero advirtiendo del irrefutable fenómeno demográfico. Abogó por un amplio abanico de medidas para hacer más sostenible el sistema, con especial hincapié en mejorar las tasas de empleo. También cree que 'el futuro no puede venir de la mano del impulso de políticas de corte natalista en un mundo superpoblado', un argumento que contradice las últimas discusiones del Pacto de Toledo sobre medidas para favorecer la natalidad.