El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho hoy que el portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, está en una situación muy comprometida y debe explicar qué informes jurídicos tenía para autorizar el uso del sistema SITEL o dejar su escaño en el Congreso.

En declaraciones a la cadena Cope recogidas por Efe, González Pons ha recordado que Alonso era ministro del Interior en 2004, cuando empezó a utilizarse SITEL, un sistema que registra toda clase de datos de la persona que está siendo investigada, así como de las personas que entren en contacto telefónico con ella.

Ha dicho que, cuando llegó al Ministerio, Alonso se encontró con hasta 22 informes jurídicos que decían que SITEL no se podía utilizar sin una ley orgánica que regule la interceptación de las comunicaciones y que, pese a ello, lo puso en funcionamiento.

"Todas las escuchas telefónicas en España se hacen con SITEL", ha reiterado el dirigente del PP quien lo ha definido como "un sistema ilegal de escuchas que utiliza la Policía" y que da información sobre el lugar donde se encuentran los interlocutores, sus conversaciones o mensajes de texto, además de sus perfiles psicológicos o biográficos.

Además, ha denunciado que los discos duros donde se almacena toda la información obtenida con SITEL "no están ni sellados digitalmente ni avalados por una entidad certificadora para evitar su manipulación".

Tras hacer hincapié en que si no hay una ley orgánica que lo ampare, el sistema "es ilegal" y que los jueces "no saben que existe" ni que, además de la escucha, la Policía "está obteniendo muchísima información adicional" que no se les traslada, ha considerado que debería estar administrado por jueces y no por el Ministerio del Interior y la Policía.

El portavoz del PP ha recordado que su grupo ha presentado una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno a elaborar una ley orgánica que regule las escuchas telefónicas y ha advertido de que si no lo hace "tendremos que ir a los tribunales".

González Pons ha señalado que son "cientos" los procesos penales que "podrían resultar nulos" en los últimos seis años por este asunto y ha dicho que no sería responsabilidad suya, por ser quien lo denuncia, "sino de los ministros del Interior que lo han consentido".