El gobierno catalán ha acotado hoy su nivel de responsabilidad en la crisis de Spanair y ha derivado las explicaciones "en profundidad" sobre este asunto al Parlament, donde comparecerán el conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo catalán, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha afirmado que el Govern se siente "responsable de todo lo que pasa en este país", pero ha recordado que la legislación vigente "es bien clara" sobre el grado de responsabilidad del Govern en Spanair.

También ha recordado que la apuesta por Spanair fue una "operación comenzada por el gobierno anterior" y "auspiciada" por una parte de la sociedad civil, y ha apuntado que el Govern se siente responsable de todo lo que sucede en Cataluña aunque haya cosas "que administrativamente no sean de su responsabilidad", ha dicho.

Homs ha asegurado que desconoce qué cantidad de la inversión de la administración catalana en Spanair se podrá recuperar en el concurso de acreedores, y se ha remitido en varias ocasiones a las explicaciones que darán Mas-Colell y Recoder esta semana o la que viene en la Cámara catalana.

A pesar de que esta mañana el conseller de Territorio y Sostenibilidad había anunciado que se impulsaría un plan de recolocación de los trabajadores de Spanair y Newco, el portavoz del Govern ha matizado que la administración catalana mediará, en el ámbito de sus competencias y como en cualquier otra crisis empresarial, por "dar salida" a los miles de afectados por el cierre de la aerolínea.

En cualquier caso, Homs ha asegurado que el Govern "tenía que intentar" la apuesta de Spanair, compañía en la que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona invirtieron en los últimos años unos 150 millones de euros.

Ha comentado que el Govern creyó que el proyecto de Spanair "tenía sentido desde la perspectiva de país y de negocio".

Preguntado por el papel ambivalente de la Generalitat en el concurso, como acreedor por los préstamos del Instituto Catalán de Finanzas y a la vez como socio de la compañía a través de Catalana d'Iniciatives y Fira de Barcelona, ha remarcado que la Generalitat se ajustará a lo previsto por la legislación mercantil.

Spanair presentó ayer un concurso de acreedores voluntario ante los juzgados de Barcelona, con un pasivo de 474 millones de euros, y anunció un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción para sus 2.075 trabajadores.

Preguntado por el expediente abierto a la compañía por el abrupto cese de las operaciones del viernes, Homs se ha remitido a la legislación vigente, y por otra parte ha asegurado desconocer las remuneraciones del presidente de la aerolínea, Ferran Soriano.

Homs ha destacado la colaboración con el ministerio de Fomento para organizar el operativo de crisis que sirvió para atender a los miles de pasajeros afectados por el cierre de la aerolínea.

Respecto a los planes de Vueling de convertir El Prat en un hub (centro de conexión), ha afirmado que la Generalitat puede "influir" o "intermediar" para lograr ese objetivo, pero ha recordado que sus competencias son limitadas.