El vicesecretario general de CiU, Felip Puig, anunció ayer que su partido 'apuesta de manera clara y definitiva por la unidad de acción al lado del Govern en el desarrollo del Estatut y la financiación'. En una entrevista a Europa Press Puig fue más allá y afirmó que 'agotaremos el calendario y todas las acciones políticas posibles para dar firmeza a la posición catalana'.

Esa actitud de mano tendida al Govern se explicitará en una propuesta conjunta sobre financiación que se presentará 'como respuesta política a finales de agosto o principios de septiembre'. En la práctica esa propuesta significa que Govern y CiU estarán coordinados de alguna manera en la negociación, que también puede incluir los presupuestos, tal como propuso el dirigente del PSC Miquel Iceta en la última ejecutiva del PSOE.

Ante esta estrategia de 'frente común' el PSOE no lo va a tener fácil para desvincular la negociación de los presupuestos de la financiación autonómica, tal y como expresó el martes la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. Fuentes de Convergència i Unió confirmaron ayer a Público que no entrarán a negociarlas 'a fondo' hasta que se haya llegado a un acuerdo satisfactorio sobre la financiación catalana.

Esta advertencia aprieta sobremanera el calendario político a partir de septiembre, cuando se retomará la negociación sobre la financiación y al mismo tiempo el PSOE buscará apoyos para los presupuestos.

El Ejecutivo insiste en restar importancia a todas las advertencias que le llegan desde Catalunya y considera que sólo pretenden presionar a la máquina Solbes-Zapatero durante el periodo de negociación. Fuentes de la Moncloa dijeron a Público que 'los presupuestos pueden salir sin CiU', cosa que significa que el PSOE no quiere descartar al PNV como último recurso para zafarse de la presión catalana.

Las mismas fuentes insisten que ambas negociaciones, la de presupuestos y financiación, 'no tienen nada que ver y el Gobierno no piensa mezclarlas bajo ningún concepto'.

El Ejecutivo sostiene que conseguirá el apoyo de CiU y también un acuerdo de financiación 'pero no tendrá nada que ver una cosa con la otra, que se habrá negociado cada una por su parte'.

¿Resulta realista esta pretensión? Desde el Govern se mantiene que es 'inevitable' que las dos cosas se acaben mezclando, 'aunque sólo sea porque de la financiación dependen muchas de las cifras de los presupuestos, como el Fondo de Suficiencia'.

Ahora mismo las conversaciones entre CiU y el Govern se centran en las cifras que debería recibir la Generalitat de más con el nuevo sistema. La Cámara de Comercio de Barcelona ha cuantificado esta cifra en entre 3.500 y 3.800 millones de euros anuales, pero en CiU se eleva esta cifra por encima de los 5.000 millones.

Esta propuesta conjunta de Govern y CiU es la baza con la que cuenta José Montilla para presionar a Zapatero y, de paso, evitar que la federación nacionalista caiga en la tentación de ir por su cuenta y boicotee la negociación.

El Gobierno, por su parte, necesita satisfacer también al resto de comunidades, con un especial interés en Andalucía. Un auténtico sudoku que el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, deberá resolver en un tiempo récord.

El presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, pidió ayer al Gobierno y a la Generalitat que fijen una nueva fecha para cerrar un acuerdo para cerrar la financiación autonómica, una vez ha quedado claro que no se cumplirá el plazo del 9 de agosto que fijaba el Estatut. Valls calificó de 'grave' que no se cumpla esta ley orgánica y reclamó que la nueva fecha límite del Estatut sea anterior a la votación de las enmiendas a los Presupuestos, hecho que 'mejoraría mucho la posición negociadora de Catalunya'.