Publicado: 20.12.2013 08:17 |Actualizado: 20.12.2013 08:17

La gran banca española pidió un blindaje para quedarse con Novagalicia Banco

Las entidades españolas que quisieron hacerse con el NGC solicitaron una garantía estatal que les protegiera de las posibles pérdidas futuras. La venezolana Banesco, que finalmente lo ha comprado, no pidió dicho aval

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Todas las entidades bancarias españolas que trataron de hacerse con la entidad nacionalizada Novagalicia Banco solicitaron un blindaje de su compra que les protegiera de posibles pérdidas. En concreto, cuatro de las seis que pujaron por el banco reclamaron el que se conoce como un Esquema de Protección de Activos (EPA), un aval que el FROB otorga a las entidades para amortiguar esas pérdidas.

En cambio, el grupo venezolano Banesco compró Novagalicia Banco a pesar de que la entidad tiene  una pérdida esperada no cubierta por provisiones de unos 1.000 millones de euros, según ha explicado una fuente oficial del FROB a Reuters. Esa es exactamente la misma cantidad abonada por los venezolanos. Según esta fuente, "el valor económico (en NCG Banco) reduciendo estas contingencias nos salía superior a los 1.000 millones de euros que nos ofrecía Banesco".

La entidad venezolana no pidió ese EPA. Y es que, en este caso, si la entidad compradora de Novagalicia lo hubiera pedido, la factura para el Estado, que asciende a 9.000 millones de euros, se habría elevado. "Sólo dos, incluido Banesco, no habían pedido EPA en esta puja y se le ha dado a una de ellas", ha manifestado la fuente.

Fuentes del fondo estatal han declarado que, con la venta, se había contribuido a minimizar el coste del contribuyente entorno a los 8.000 millones de euros y en todo momento señalaron que era mejora alternativa que la liquidación. "Satisfechos del todo no podemos estar cuando se inyectan 9.000 millones de euros y recuperamos 1.000 millones, pero esto es el resultado de decisiones de inversión incorrectas del pasado (...) era absolutamente imposible recuperar 9.000 millones de euros en esta entidad", ha incidido·

Como consecuencia de las inyecciones de ayudas públicas en NCG fuentes del FROB han reconocido un deterioro en sus cuentas por valor de unos 6.000 millones de euros que, según manifestaron fuentes del FROB, tendría algún tipo de impacto en el déficit público, pero que en todo caso sería menor. "Impacto en el déficit público va a haber pero no va a ser significativo y no va a alterar las previsiones del Gobierno", ha señalado una fuente del FROB.

A pesar de que el FROB no otorgó ayudas adicionales al comprador de NCG, sí garantizó unas compensaciones máximas por un cantidad de 800 millones de euros que el Estado estimó podrían acabar costándole en torno a unos 200 millones de euros, según recoge Europa Press.

Estas garantías cubrían diferentes contingencias como ajustes sobre determinados activos transmitidos al banco malo por parte de NCG, la compensación a compañías de seguros tras el cambio de propietario en la entidad gallega, su responsabilidad derivada de la venta de preferentes, posibles reclamaciones sobre la inclusión de cláusulas suelo en préstamos hipotecarios y coberturas sobre tipos de interés.

En noviembre de 2012, CaixaBank adquiría el Banco de Valencia por un euro. Dicha entidad fue una de las nacionalizadas en la que el FROB inyectó 4.500 millones de euros tras una ampliación de capital. La venta llevaba consigo un Esquema de Protección de Datos que será asumido por el FROB durante un plazo de 10 años además de que cubrirá casi el 73% de las pérdidas que experimente, siendo estimado en más de 5.000 millones de euros.

Por otro lado, en noviembre de 2009 Cajastur adquirió Caja Castilla-La Mancha (CCM) -intervenida en marzo de ese mismo año- a través de este método financiado por el fondo de garantía de depósito (FGD) de 2.475 millones de euros. Por su parte, BBK se hizo con Cajastur gracias al EPA de 392 millones otorgados por el FROB para cubrir la posible morosidad futura.

El Esquema de Protección de Activos llevado a cabo en la compra de la CAM por parte del Banco Sabadell cubre el 80 por ciento de las pérdidas de una determinada cartera de créditos, pudiendo llegar en diez años hasta los 7.900 millones de euros.