Incumplir los compromisos de déficit va a conllevar un alto riesgo para autonomías y ayuntamientos. Multas, pérdida de las subvenciones y transferencias y, en caso de reincidencia, la visita 'no amable' en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro de una delegación del Gobierno para supervisar las cuentas. Pero ajustarse el cinturón al máximo quizás no sea suficiente. Incumplir no es el único motivo de sanción que figura en el articulado del Anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, norma que el Gobierno espera tener aprobada antes de verano. Con que en Hacienda piensen que se corre el riesgo de no alcanzar los objetivos, podrá haber castigo.

Lo llaman 'advertencia' y llegará 'en caso de apreciar un riesgo de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto'. La advertencia la hará el Gobierno a petición del Ministerio de Hacienda y se dará conocimiento de la misma al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si es una autonomía, y a la Comisión Nacional de Administración Local, si es un municipio. 'Se hará pública para general conocimiento' y se dará un mes a la Administración incumplidora para que tome medidas que eliminen el citado riesgo.

Esas medidas se comunicarán a Hacienda y si no satisfacen al Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, habrá sanción. La Administración afectada tendrá desde ese momento que recibir el visto bueno de Hacienda, mediante un informe previo, para recibir cualquier euro procedente de convenios o subvenciones.

Si esto es antes incluso de incumplir, mucho más estricto se vuelve todo si hay un incumplimiento. La autonomía o ayuntamiento que incumpla su objetivo de estabilidad, que ahora se espera que pase a ser individual para cada autonomía, tendrá un año para presentar un plan de corrección. Habrá seguimiento semestral de ese plan en el caso de las autonomías y anual para los ayuntamientos y si no se cumple empiezan las sanciones: depósitos (equivalentes al 2% del PIB), multas y la intervención.

Todas las administraciones públicas tendrán que presentar un techo de gasto, no sólo el Gobierno central como hasta ahora. Y se hará seguimiento mensual de la ejecución presupuestaria de las autonomías.