Benedicto XVI abandonará el Pontificado el próximo 28 de febrero, a punto de cumplir los 86, una circunstancia que no se daba desde el siglo XVI. La Iglesia católica, pese a sus más de 2000 años de historia, contempla una edad tope para ser cardenal elector -los que participan en el Cónclave- fijada en los 80. Todos ellos son cargos vitalicios, sin embargo, el Derecho Eclesiástico impide que mueran con las botas puestas. Limitaciones que la legislación española no contempla para algunos cargos. Se trata de los ocho consejeros de Estado permanentes y de los consejeros natos vitalicios, que mantienen sus puestos de por vida en el conocido como el cementerio de elefantes.

Hacerse con una de estas sillas en el Consejo de Estado debe de ser la panacea de políticos, juristas y académicos, no solo por las retribuciones que perciben (cerca de 71.000 euros al año más complementos, según los PGE 2013), sino porque parece como si este cargo vitalicio alargara la vida a quien lo posee. Tanto es así que la media de edad de los consejeros vitalicios supera con creces los 70 años y hay casos de longevidad, como el de Antonio Sánchez del Corral, que hablan por sí solos: Ha sido el presidente de la sección quinta del Consejo hasta que murió el año pasado a los 98. Desde que Franco le nombrara consejero permanente en 1974, ha gozado de este estatus durante casi cuatro décadas.   

Un cambio en la Ley de Presupuestos Generales permitió que, a partir de 2009, los consejeros permanentes tuvieran derecho a percibir las indemnizaciones compensatorias por ser altos cargos del Estado. Esta modificación permite cobrar el 80% del salario a estos asesores vitalicios siempre que soliciten la jubilación voluntaria. El requisito imprescindible es llevar al menos 5 años en el seno del Consejo y superar las ocho décadas de vida.

Jerónimo Arozamena, incentivado por esta jubilación de oro, presentó su renuncia en junio de 2009 a los 85 años. En una situación similar se encontraba Miguel Vizcaíno quién, tras pasar 35 años en esta institución, también acabó retirándose en 2010 a los 97. Su vacante fue la que ocupó Teresa Fernández de la Vega, la primera mujer en pisar este órgano consultivo desde sus orígenes en 1521.

Pese a lo que se cree, la regla de duración del mandato de los consejeros permanentes no responde a la tradición. La expresión 'cargos inamovibles y sin límite de tiempo' no fue introducida en el momento de creación de esta categoría en 1904, sino que viene recogida en la Ley de 1944, ya bajo la dictadura franquista.

Esta norma fue sustituida por la de 1968, en la que aparece la idea de restringir el mandato hasta los 75 años. Sin embargo, este tope de edad nunca llegó a hacerse efectivo porque estaba redactado en términos pro futuro, es decir, con vistas a que otra ley posterior lo estableciera de forma concreta. Cuando llegó la Transición, momento idóneo para modificar el reglamento definitivamente, se prefirió mantener el concepto vitalicio de la época franquista.

Uno de los que tuvo en sus manos la decisión de poner fecha de caducidad a estos cargos inamovibles, ya que participó en la elaboración de la Constitución, fue Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón. Además de ser uno de los padres de la Carta Magna, por aquel entonces era letrado del Consejo de Estado desde 1966 y conocía bien este organismo. Dado que en su momento no se hizo nada por modificar la legislación, ahora sigue formando parte de la institución pero ya como consejero permanente.

Hasta el año 2004, tanto el rey Juan Carlos como los ocho consejeros permanentes eran los únicos que disfrutaban de sus cargos de por vida. Ese mismo año, el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dio luz verde a una reforma organizativa del Consejo (LO 3/2004) y con ella, nació una nueva categoría: los consejeros de Estado natos vitalicios, para dar asiento a los exjefes del Ejecutivo.

Actualmente, Zapatero es el único que ocupa este puesto, ya que Adolfo Suárez no está en condiciones de solicitar su plaza por razones de salud y Calvo Sotelo falleció hace unos años. Por su parte, Felipe González hasta la fecha tampoco ha reclamado su sitio en el Consejo.

El que sí decidió acceder a la silla de consejero fue José María Aznar, aunque la fortuna le duró poco. Al expresidente popular se le 'olvidó' informar al Registro de Intereses de Altos Cargos que la empresa del magnate Rupert Murdoch, News Corporation, pagaba 10.000 euros mensuales a la sociedad Famaztella, SL (perteneciente a la familia Aznar Botella) desde septiembre de 2004. Por lo que finalmente decidió dimitir para centrarse en la empresa privada.

A pesar de todos los vaivenes políticos de nuestra agitada historia, el Consejo de Estado ha permanecido en pie sin la necesidad de que existieran cargos vitalicios durante siglos, tampoco durante las monarquías absolutistas. Sin embargo, todavía hoy, ya en un sistema democrático, arrastramos este privilegio desde los tiempos del Régimen franquista. Un concepto que incluso la Iglesia -con su antediluviana y hermética estructura jerárquica- ya limita.