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"Hay que destruir el 'Diccionario Biográfico', es una desgracia"

El historiador opina que el diccionario biográfico se hizo de manera chapucera y se tiene que corregir

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Decía ayer Santos Juliá que es historiador por 'azar'. Lo comentó a modo de introducción en las jornadas Lecciones y maestros, organizadas por la Fundación Santillana y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, adonde acudió invitado como maestro para hablar de su obra y de la España del siglo XX. En un receso con un café atendió a Público en el centro histórico de Santillana del Mar para hablar del Diccionario Biográfico Español. A su juicio, se 'debería destruir' porque 'ha sido hecho de una manera chapucera'. Un ejemplo de ello es que presente la Guerra Civil como una 'cruzada': 'Habrá que decir que la Iglesia católica la declaró una cruzada hasta tal fecha, porque tras el Concilio Vaticano lo quitó del vocabulario'.

¿Qué le parece este trabajo?

Lo que he conocido me parece una desgracia. Un Diccionario Biográfico Español es una obra necesaria, pero lo que han escrito algunos de los autores no es un diccionario.

¿A qué se refiere?

Algunas de las entradas no son propias de un diccionario por dos cuestiones evidentes. En primer lugar, por los errores de hecho. La entrada de Manuel Azaña es una sarta de disparates. Su viuda no murió en Buenos Aires, como dice el diccionario, sino en México. Azaña no fue tampoco al colegio de los agustinos de El Escorial a hacer sus primeros estudios, porque ese colegio era de estudios superiores. Fue a cursar Derecho. En toda esa entrada, hay infinidad de errores.

¿Y la segunda cuestión?

En segundo lugar, tampoco es propia de un diccionario biográfico la carga ideológica que tienen tantas voces relativas a personajes claves de nuestra historia del siglo XX. Eso un diccionario no lo puede aceptar. Un diccionario debería definir los regímenes de acuerdo con un consenso politológico y sociológico. Lo que la comunidad científica decida. Está claro que el régimen de Franco pasó por varias etapas. Por lo tanto, sería necesario definir qué fue en cada una de ellas y, desde luego, no silenciar que una de las bases de ese régimen fue una represión brutal, feroz, sobre los vencidos. Una vez vencidos, la represión sigue, probablemente hasta 50.000 fusilados. ¡Y de eso no se dice nada! Pues se está ocultando un elemento fundamental de ese régimen.

¿A quién responsabiliza de que el Diccionario se haya publicado así?

La responsabilidad recae en la dirección de la Academia de la Historia. Ha planteado el Diccionario mal, sin rigor científico. Primero, sería menester que la comunidad científica, y con esto me refiero a los departamentos de historia de las universidades, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas decidiera a quiénes se da una entrada. Luego está la documentación. Después, el encargo de la escritura, que podría corresponder a una persona o a un equipo de personas. Esa escritura debe pasar después un filtro. Los historiadores no podemos publicar hoy un artículo en ninguna revista homologada científicamente si no es revisado por dos partes externas a la revista. Pues aquí con más razón.

Algunos historiadores creen que el Diccionario demuestra que el poder franquista sigue latente.

No lo creo, sinceramente, no. Creo que esto es el resultado de un anquilosamiento. Algunos de los miembros de la Academia llevan demasiado tiempo, digamos, encapsulados, sin un diálogo institucional rico con los centros verdaderamente vitales de producción de conocimiento historiográfico: los departamentos de las universidades, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas Ese fluido no existe.

Miguel Artola, Juan Pablo Fusi y Carmen Sanz forman la comisión de la Academia para revisar la obra. ¿Le dan garantías?

Son profesionales excelentes, pero esa comisión no va a revisar todas las voces. Esa comisión lo que debe hacer es organizar la revisión. La revisión deben hacerla especialistas ajenos a la institución y que sigan el protocolo científico. Eso está más que establecido. ¡Que la Academia haga una consulta a las universidades y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas! ¡Que muestre voluntad de corrección!

¿El Gobierno debe exigir la revisión hasta el final?

Ahí tengo la duda de si puede o no puede. Si esa duda se despeja, indudablemente sí.