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HBOS se desprende de sus inversiones en proyectos público-privados

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Halifax Bank of Scotland (HBOS) se ha desprendido de su participación en proyectos público-privados en el Reino Unido, como escuelas u hospitales, para ganar liquidez con la que hacer frente a la crisis económica, publica hoy "The Sunday Times".

De acuerdo con el periódico, el banco, cuyos accionistas votarán el viernes sobre una oferta de compra de Lloyds TSB, ha transferido las inversiones por valor de 434 millones de libras (en torno a 500 millones de euros) a un nuevo fondo de infraestructuras respaldado por cuatro grandes fondos de pensiones.

El acuerdo sólo cubre al capital, apunta el dominical, que señala que el banco retendrá los miles de millones de libras de deuda generada por los proyectos.

Aunque HBOS, uno de los tres bancos británicos que se acogió al plan de rescate financiero diseñado por el Gobierno, poseerá un 50,1 por ciento del nuevo instrumento financiero, podrá excluirlo de su hoja de balance.

El banco pretende ir vendiendo progresivamente su participación, que incluye las inversiones en hasta 47 proyectos público-privados, según "The Sunday Times".

El director de financiación de infraestructuras de la entidad, Gershon Cohen, dijo al periódico que los fondos de pensiones se sintieron atraídos a la iniciativa "porque garantiza liquidez a largo plazo".

Los accionistas de HBOS votarán el 12 de diciembre sobre la oferta de adquisición presentada por Lloyds TSB, que se ofreció a rescatar a su rival, previa mediación del Gobierno, después de que éste se desplomara en bolsa el pasado septiembre entre temores sobre su financiación.

La fusión, que ya fue aprobada el 19 de noviembre por los accionistas de Lloyds, cuenta con la oposición de varios grupos que creen posible mantener la independencia del HBOS con ayuda del plan de rescate gubernamental, que fue presentado después de que se hiciera pública la opa.

El grupo Merger Action Group (MAG), formado por empresarios y accionistas sobre todo escoceses, ha presentado una demanda judicial para tratar de impedir la operación.

Los litigantes sostienen que el Gobierno, que medió en el pacto, cometió una ilegalidad al saltarse el control de los reguladores de la competencia, al precipitar la compra con el argumento de que era crucial para salvar el sistema financiero.

El ministro de Empresas, Peter Mandelson, autorizó la fusión el 31 de octubre después de desestimar las dudas que había planteado la Oficina de Comercio Justo acerca de que la operación podría no ajustarse a la ley de defensa de la competencia.