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Honduras amenaza con quitar la inmunidad a la embajada de Brasil

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El Gobierno de facto de Honduras amenazó el domingo a Brasil con quitarle la embajada donde permanece refugiado el derrocado presidente Manuel Zelaya y suspendió varios derechos constitucionales, en un deterioro de la crisis abierta hace tres meses con un golpe de Estado.

Las autoridades, que asumieron el poder tras el golpe del 28 de junio, profundizaron su aislamiento internacional impidiendo la entrada al país a varios miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que venían a preparar una visita de cancilleres que intentan mediar en la crisis.

Sin embargo, un enviado del organismo dijo a Reuters que todavía es posible que los cancilleres de la OEA visiten Honduras el miércoles o el jueves para intentar impulsar un diálogo entre Zelaya y el Gobierno de facto que le sustituyó tras el golpe.

Las autoridades se prepararon para una nueva ola de protestas emitiendo un decreto presidencial que suspende durante 45 días el derecho a la libertad de asociación y de circulación, además de facilitar las detenciones y el silenciamiento de los medios de comunicación críticos.

Zelaya, que regresó el lunes pasado en secreto y se refugió en la embajada brasileña, llamó a sus partidarios a una "ofensiva final" el lunes, cuando está prevista una manifestación.

El Gobierno de facto le acusa de instigar la violencia.

"Hacemos un llamado a todos los grupos de manifestantes afines al señor Zelaya para que depongan sus actitudes de provocación y acaten las presentes disposiciones", dijo un comunicado de la presidencia leído en una cadena de radio y televisión.

El responsable de exteriores de facto, Carlos López, afirmó que Brasil debe decidir si concede asilo a Zelaya o le entrega a la justicia hondureña para ser procesado por supuestos delitos de traición y violación constitucional.

"El título y el privilegio de Brasil de tener una misión en Honduras acaba en 10 días", dijo en rueda de prensa.

A partir de entonces la embajada donde está atrincherado Zelaya pierde su inmunidad diplomática, añadió, asegurando sin embargo que el Gobierno de facto no piensa allanarla.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que Zelaya es huésped en su embajada y puede quedarse el tiempo que quiera.

"Brasil no tolerará un ultimátum de un Gobierno golpista", dijo a los periodistas tras acudir a una cumbre América del Sur-África en isla de Margarita, en el caribe venezolano. "Si entran por la fuerza, estarán cometiendo un acto que rompe las normas internacionales", agregó.

"Sería un error terrible del Gobierno de facto, porque estaría condenándose más allá de la condena internacional que ya tiene", dijo Zelaya a la prensa poco después del anuncio de López.

LA OEA NO TIRA LA TOALLA

El Gobierno que tomó el poder tras el golpe prohibió el domingo la entrada al país de tres funcionarios de la OEA, pero John Biehl, un asesor del secretario general de la OEA al que sí se le permitió el ingreso, dijo a Reuters que los cancilleres del grupo podrían aterrizar en Honduras el miércoles o jueves para intentar tender un puente entre Zelaya y el presidente de facto, Roberto Micheletti.

"Hay una disposición de todos los sectores a robustecer el diálogo y alejar la posibilidad de la violencia", dijo.

La OEA exige la restitución de Zelaya, a lo que el Gobierno de facto se niega rotundamente.

Zelaya fue derrocado tras días de tensiones por su intento de realizar una consulta popular que abriera el camino a su reelección, algo considerado por sus detractores como un intento de emular a su aliado venezolano Hugo Chávez.

El mandatario, un empresario maderero que a mitad de su mandato viró a la izquierda, asistió a misa el domingo y el sábado por la noche llamó a sus partidarios a una "ofensiva final" de protestas que le permitan regresar al poder.

A su vez, y en abierto desafío a la comunidad internacional, la cancillería de facto dijo en un comunicado que no permitirá el regreso de los embajadores de España, Argentina, México y Venezuela, retirados tras el golpe, a menos que los países reconozcan a Micheletti.

Además, el Gobierno de Micheletti ha emitido un decreto que le permitirá suspender a medios de comunicación críticos como radio Globo y la televisora Cholusat Sur, que arengan de forma constante a los partidarios de Zelaya a protestar y entrevistan al presidente derrocado.

El decreto también suspende la libertad de asociación y circulación durante 45 días,

Micheletti y los políticos, empresarios y militares que han apoyado el golpe apuestan a que las elecciones presidenciales de noviembre permitan pasar la página de la crisis y romper el aislamiento internacional al que están sometidos, aunque Estados Unidos y la mayoría de los países de América Latina han aclarado que no reconocerían al vencedor de los comicios auspiciados por el Gobierno de facto.