Publicado: 10.12.2013 07:30 |Actualizado: 10.12.2013 07:30

Huelga contra la privatización sigilosa en Galicia

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Hartos de recortes y frente a lo que entienden como una amenaza de privatización encubierta, los médicos y demás trabajadores de la sanidad pública gallega están en huelga hoy por segunda jornada consecutiva de las dos convocadas, después de que la primera se saldase con éxito: el 70% del personal, según los sindicatos, la secundó. La Xunta, que no contabiliza en el cálculo al personal ocupado en servicios mínimos, rebaja la cifra a menos del 22%. En el centro del conflicto están las áreas de gestión clínica, una especie de caballo de Troya mercantil, según los convocantes, y un simple método para implicar a los médicos en la gestión económica, según quienes promueven la medida.

El revuelo entre los médicos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) empezó a hacerse notar en torno al verano. La Consellería de Sanidade, de quien depende el organismo, quería convencer a los facultativos de las bondades de estas nuevas áreas de gestión clínica, una fórmula de organizar los servicios de hospitales y centros de salud en la que serían los propios responsables de cada especialidad los que gestionasen presupuestos y gastos. Pero la novedad abre la puerta a que se permitan ahorros de costes a cambio de incentivos salariales, y las asambleas entre gerentes y facultativos donde se mostraba el borrador del decreto se iban sucediendo con polémica. El murmullo fue aumentando de nivel hasta la convocatoria de huelga, anunciada en octubre. Las posturas no se acercaron desde entonces.

Las áreas de gestión clínica no son un invento gallego. Existen en Andalucía y en Asturias y entroncan con una vieja reivindicación de los facultativos de gestionar los recursos atendiendo a las necesidades de cada servicio y no a las del vaivén político. Pero en el caso galaico se da la particularidad de que el empujón se ha dado coincidiendo con una veraniega reforma legal del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la norma estatal que regula la relación de los médicos con la Administración. El cambio, que aprobó el Gobierno central a finales de julio, prevé para los médicos que se integren en la gestión clínica un cambio en la "relación de empleo", en principio voluntario, pero pendiente aún de un posterior reglamento, además del que se prepara en Galicia. Y los sindicatos, tras cinco años de recortes sucesivos, no se creen la coincidencia.

"No entendemos la prisa loca que tiene la Xunta por aprobar el decreto", señala Cándido Andión, presidente en Galicia de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM-Galicia), que convocó el paro junto a la central O'mega, integrada también por facultativos y que concurrió coaligada con la primera a las elecciones sindicales. "Se reservan el derecho de colocar a dedo, para que sea obediente, al director de cada área clínica", señala Andión, que cree que aunque la Xunta finalmente apruebe un documento "químicamente puro", si en Madrid surge una norma que diga lo contrario en ese desarrollo reglamentario previsto, la normativa autonómica quedará en "papel mojado". Respecto a ese reglamento futuro está la incógnita de la naturaleza jurídica que prevé para las áreas de gestión. Andión teme que se permita constituirlas como "entidades de derecho propio y relación con la sanidad privada".

El apoyo de los sindicatos de clase CIG y CC OO a la convocatoria de los corporativos también ha influido en el éxito del paro, según Manuel Martín, presidente de la Asociación Galega en Defensa da Sanidade Pública. "Ha superado todas las expectativas que teníamos. Los médicos no son habitualmente un sector muy ‘progre", bromea, antes de vincular la huelga al "rechazo muy potente a la privatización a la brava y por la puerta de atrás, como en Madrid o en Vigo", en referencia al hospital gallego, en construcción, cuyo proyecto se modificó para dar entrada en la edificación y gestión de servicios no médicos al capital privado.

El portavoz entiende que la medida busca "hacer cómplices a los trabajadores de las política de recortes". "Buscan crear empresas en los diferentes servicios hospitalarios, que compitan entre sí, vendan a unos u otros hospitales y con capacidad para contratar personal, en un mercado interno que va a llevar a laboralizar a las plantillas y que te puedan perseguir por decisiones clínicas", carga.

La de las áreas de gestión ha sido la gota que ha colmado el vaso de un sector castigado por los recortes. En la convocatoria se recuerdan otros desplantes, como la reducir al 10% de reposición de facultativos que se retiran, los contratos precarios para los nuevos profesionales o el copago aplicado también a los medicamentos que se dispensan en las farmacias hospitalarias. "Hemos tragado recortes por un tubo, pero cuando empiezan a repercutir en la asistencia, nos plantamos", zanja Andión. La Xunta, por su parte, cree exagerada la protesta. Desde el Gobierno autónomo vienen insistiendo en los últimos días en que los temores de privatización son infundados y están alimentados por intereses políticos, y que el objetivo de los cambios es únicamente que los médicos compartan la responsabilidad del gasto.