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Una huelga contra la "quiebra política" del Gobierno

CCOO y UGT llaman a un paro general el 29 de septiembre para protestar contra la reforma laboral, las pensiones y el ajuste

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La reforma laboral que aprueba hoy el Gobierno ha completado, según los sindicatos, el 'giro' político del Ejecutivo de Zapatero y ha forzado la convocatoria de una huelga general para el próximo 29 de septiembre.

Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y UGT, Cándido Méndez, anunciaron ayer oficialmente la celebración del paro después del verano y justificaron la 'legitimidad' y las 'razones' de esta decisión en la 'quiebra del discurso político' del Gobierno. Los líderes sindicales ven en la reforma laboral la gota que ha colmado el vaso de las medidas 'regresivas' y 'lesivas' contra los trabajadores y los derechos sociales. Por eso, aunque creen que sólo los contenidos de la reforma son ya razón 'suficiente' para convocar la huelga, la protesta recogerá también el malestar por otras decisiones, como el plan de ajuste, la reforma de las pensiones o el proceso de integración de las cajas.

Para Toxo, este último punto forma parte también del giro económico del Gobierno y responde, además, a un 'acuerdo secreto' entre PP y PSOE que 'amenaza la naturaleza social de estas entidades'.

Tanto Toxo como Méndez defendieron la pertinencia de retrasar la convocatoria hasta después del verano porque será para entonces cuando se conozca en profundidad el alcance del resto de las reformas acometidas por el Gobierno. La reforma laboral, cuyo decreto se aprueba hoy, estará en el meollo de su trámite parlamentario en septiembre por lo que los sindicatos creen que es el momento para 'influir' en sus posibles modificaciones.

'La huelga no es un fin en sí mismo, es un medio para modificar el decreto', subrayó Toxo. Pero los sindicatos no sólo buscan cambiar este decreto, también quieren frenar la reforma de las pensiones, que discutirá la subida de la edad legal de jubilación a los 67 años, y evitar que en los Presupuestos Generales de 2011 (que se darán a conocer apenas cuatro días antes) se introduzcan otro tipo de recortes sociales. Fuentes sindicales no descartan que el Ejecutivo se vea obligado a ajustar el gasto en prestaciones en 2011 para acatar las imposiciones de Bruselas.

En este sentido, Méndez acusó a Zapatero de obedecer de forma 'acrítica' las exigencias de la Comisión Europea y los mercados, un malestar que también se incorpora a la convocatoria de huelga. La fecha del 29 de septiembre se enmarca en una jornada de movilizaciones sindicales a nivel europeo para protestar por las medidas adoptadas en todos los estados miembros.

Sin embargo, Toxo pidió que no se cayera en una confusión, ya que la huelga será 'contra el Gobierno español'. Al mismo tiempo, el líder de CCOO aseguró que la huelga no está pensada para cambiar 'situaciones políticas' ni que se consiga un anticipo de las elecciones generales, ya que, en su opinión, 'Zapatero se empuja él solo' a este destino.

Por su parte, UGT, lamentó que el Gobierno se hubiera posicionado 'claramente' del lado de la patronal y que hubiera aceptado que el 'problema está en el mercado de trabajo'. En opinión de los sindicatos, la aplicación de la reforma disparará la temporalidad al arranque de su aplicación, y abre la puerta a un despido más fácil y barato además de intervenir en la negociación colectiva.

Los líderes sindicales dijeron que no habían llamado a Zapatero a comunicarle su decisión -'También puede él descolgar el teléfono'- pero el Ejecutivo ya había anticipado el golpe desde la mañana. Así, el ministro de Fomento y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, pidió a los sindicatos una 'respuesta proporcionada' a la reforma, teniendo en cuenta que el Gobierno busca 'tener un empleo más estable y acabar con tanto empleo precario'. El ministro aseguró que al Gobierno le hubiera gustado llegar a un acuerdo con sindicatos y patronal, pero que como unos querían más flexibilidad y otros menos, al final el Ejecutivo ha tenido que optar por la vía del equilibrio, que es 'lo más acertado'.

Blanco explicó que con el trámite parlamentario se intentará consensuar con los grupos políticos la nueva norma, y cree que entonces llegará el momento de que algunos partidos (en referencia al PP) pongan en el papel la reforma que quieren y que tanto han pedido al Gobierno. Por su parte, la vicepresidenta económica Salgado aseguró que 'respeta' la convocatoria.