'No todo lo que aprobamos van a ser desgracias'. De forma irónica, uno de los diputados del Pacto de Toledo resumía así los avances en materia de viudedad y de orfandad que lograron los miembros de esta comisión encargada de diseñar el marco de la reforma de las pensiones.

El diputado de CiU Carles Campuzano anunció que el pacto había cerrado un acuerdo para recomendar al Ejecutivo subir hasta los 25 años de edad, desde los 22 actuales, el umbral de edad por el que un huérfano tiene derecho a cobrar una pensión. Según Campuzano, esta medida había sido exigida de forma reiterada por las familias que tienen esta prestación. Además, los miembros del Pacto de Toledo, que se reunieron durante la hora de comer y que simultanearon parte del encuentro con la asistencia al pleno, también matizaron algunas mejoras en la pensión de viudedad. Así, le piden al Gobierno que se replantee el tratamiento fiscal de las viudas que además de la prestación tienen otras rentas o ingresos.

La reunión se extendió más de cinco horas pero los diputados no lograron tocar el último punto que conforma el actual dictamen de recomendaciones, el de los planes de pensiones privados. Este se tratará mañana junto con unos puntos nuevos ligados a la mujer y a la familia, en los que se volverá a discutir la posibilidad de que los periodos de excedencia por cuidado de hijo o familiar cuenten para acceder a una prestación de jubilación.

Los diputados no tocaron el dictamen de los planes de pensiones privados

Según la portavoz socialista, Isabel López i Chamosa, los miembros del Pacto de Toledo esperan finalizar mañana los trabajos y convocar una Comisión formal el 29 de diciembre para votar el dictamen final. Sin embargo, ya no habría tiempo material para que el pleno del Congreso refrendara este acuerdo, una tradición en las dos anteriores rondas del pacto.

Los diputados barajan como posible fecha para un pleno el 25 de enero, lo que daría lugar a la contradicción de que se aprobaran las recomendaciones del pacto apenas tres días antes de conocer el proyecto de ley que el Ejecutivo presentará el próximo 28 de enero. En cualquier caso, este trámite no es obligatorio para que el Ejecutivo trabaje con el dictamen.

ANA REQUENA

El nuevo programa que sustituirá a los 426 euros y que diseña ya el Ministerio de Trabajo se financiará mediante tres vías: el ahorro que se obtendrá de la reordenación de las bonificaciones a la contratación contemplada en la reforma laboral, a través de la reorientación de las partidas de gasto de las políticas activas de empleo, y mediante el adelanto de inversiones del Fondo Social Europeo que en principio iban destinadas a los años 2012 y 2013. Así lo anunciaron ayer el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez