La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) acusó hoy a China de no haber cumplido los "estándares mínimos internacionales" en el juicio a los 30 manifestantes tibetanos que fueron condenados a prisión ayer, y afirmó que se les había denegado un proceso justo.

HRW destacó en un comunicado que el juicio, primero contra acusados de las revueltas violentas del 14 de marzo en Lhasa, se hizo a puerta cerrada, sin haber informado en días anteriores de los procedimientos previos a las sentencias dictadas ayer.

En ellas, 30 personas, incluidos varios monjes budistas, fueron condenadas a penas de prisión de entre tres años y cadena perpetua por los disturbios, en los que según Pekín los manifestantes mataron a 19 personas, entre ellas 18 civiles.

El exilio tibetano asegura, en cambio, que la represión de las fuerzas de seguridad contra esas protestas y las de otras zonas del Tíbet y provincias limítrofes causó más de 200 muertos.

"Culpables o inocentes, esos tibetanos y cualquier otro acusado en China tienen derecho a un juicio justo", destacó respecto a las sentencias, en las que hubo tres cadenas perpetuas, la directora para Asia de HRW, Sophie Richardson.

"En lugar de ello, fueron juzgados usando pruebas secretas, a puerta cerrada y sin el derecho a una defensa correcta, por abogados que ellos hubieran podido elegir", añadió Richardson.

HRW acusó a la Justicia china de graves defectos, entre ellos la ausencia de distinción entre los manifestantes pacíficos y los violentos, la presunción de culpabilidad o el secretismo.

También recordó que el 17 de marzo, tres días después de los disturbios en Lhasa, el secretario del Partido Comunista de China en el Tíbet, Zhang Qinli, pidió "rápidas detenciones, audiencias y sentencias", lo que considera presión política sobre los tribunales, en un país donde la separación de poderes apenas existe.

La ONG, con sede en Nueva York (EEUU), también reiteró que algunos abogados que se ofrecieron a defender a los tibetanos involucrados fueron amenazados con ser expedientados o suspendidos.

"No es justicia transparente, es un castigo político disfrazado de proceso legal", dijo Richardson.

El Gobierno chino respondió ayer, martes, a las críticas de HRW en torno a las presiones a abogados del país asiático, señalando que la organización tiene "prejuicios" contra China y aseguró que los defensores de la ley disfrutan de libertad para trabajar siempre que lo hagan bajo el marco de esa ley.

Por otro lado, la agencia oficial china, Xinhua, aseguró hoy que un policía de etnia tibetana murió el pasado lunes al recibir seis disparos cuando perseguía a un grupo de insurgentes que se manifestaron a favor de la independencia del Tíbet el 21 de marzo, en Qinghai (oeste de China y provincia natal del Dalai Lama).

Tras un mes de investigaciones, la policía china averiguó el paradero del presunto líder de las protestas, pero en la operación de detención a principios de esta semana murió el oficial Lama Cedain, según la nota de Xinhua.

En el tiroteo también falleció uno de los presuntos causantes de las protestas pro Tíbet, añadió la información, que no detalló si hubo detenciones de sospechosos.

Entretanto, prosiguen las protestas de grupos pro Tíbet en ciudades de todo el mundo al paso de la antorcha, y se espera que éstas continúen en los próximos días, en que la llama olímpica llegará a Hong Kong y Macao.

Sin embargo, las autoridades de esas dos antiguas colonias, con amplia autonomía en materia de seguridad, han denegado la entrada a un gran número de activistas: la ONG Free Tibet informó en un comunicado que su portavoz, Matt Whitticase, no pudo entrar en Hong Kong por la negativa de los funcionarios de aduana.