El secretario general del PSOE de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, recurrirá al Tribunal Constitucional la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz sobre una información del diario El Mundo, aunque está "muy contento" con algunos de los fundamentos recogidos en el fallo judicial.

La Audiencia Provincial de Badajoz ha desestimado el recurso de Ibarra por la desestimación de su demanda contra El Mundo, por una información en la que se decía que cedió un despacho al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera tras los atentados del 11-M.

A su juicio, la sentencia dice que la información es "falsa" y reconoce que hay "ofensa", pero que no se lesiona su honor por que el protagonista de la noticia era Vera y no él, aunque en su caso, ha subrayado Ibarra, tuvo que dar explicaciones ante la Asamblea de Extremadura.

Ha resaltado, además, la "doctrina" que emana de esta sentencia, ya que el derecho a la información sobre un personaje público no prevalece sobre el derecho al honor en este caso, al ser falsos los hechos que se relatan.

Ibarra ha explicado la sentencia con un símil -el juez reconoce que le atropelló un coche, pero considera que no le hizo daño- y se ha mostrado seguro de que el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, no rectificará en la edición de mañana.

Tampoco cree que le vaya a pedir disculpas, según ha dicho, el presidente del PP de Extremadura, Carlos Floriano.

El secretario general del PSOE extremeño se ha mostrado convencido de que el TC le dará la razón, por que en la sentencia de la Audiencia de Badajoz están los argumentos del recurso que ellos deben presentar antes de un mes ante el Constitucional.

Según el texto de la sentencia, la información no pudo generar "descrédito" por que no se le atribuía otra cosa que la facilitación de un despacho a su compañero de partido (Vera), aunque "tampoco se ha demostrado en este proceso, ni era su objeto propiamente, la veracidad de la noticia".

De ahí que el fallo judicial revoque la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Mérida, que condenaba a Ibarra al pago de las costas, y no se pronuncia sobre qué parte debe abonarlas.