Iberdrola 'defenderá ante los tribunales' los intereses de sus accionistas ante los efectos de varias normas incluidas en la reforma energética del Gobierno 'de dudosa legalidad', entre ellas los recortes a la retribución de la distribución y las actuaciones de carácter 'retroactivo', anunció el consejero-director general de la compañía, José Luis San Pedro, durante la presentación de los resultados anuales ante los analistas.

Iberdrola lanza este mensaje después de cifrar en 1.310 millones el impacto solo en 2014 de las medidas adoptadas por el Gobierno, de los que 868 millones corresponden a decisiones anteriores a julio del año pasado y 442 millones a las directamente relacionadas con la reforma anunciada en esa fecha.

El impacto para la eléctrica, que contrasta con los 9.022 millones de impacto para el conjunto de las empresas, incluye 568 millones por los nuevos impuestos a la generación, 70 millones por los pagos por capacidad para las centrales de gas, 376 millones por los ajustes a la retribución del transporte y la distribución, y 296 millones por las reducción de primas al régimen especial.

Para responder a las medidas, la compañía no solo batallará en los tribunales, sino que reducirá sus costes operativos en España, repercutirá los impuestos en los precios de mercado y adecuará tanto sus políticas de explotación como su cartera de generación al nuevo escenario, advirtió San Pedro. El directivo también lamentó los incentivos 'discriminatorios' que se destinan con cargo a la tarifa eléctrica a los grandes consumidores industriales a través del llamado servicio de interrumpibilidad.

Iberdrola ha dejado 'sin nuevas inversiones' la actividad de renovables en España durante el periodo comprendido entre 2014 y 2016, y cifra en 200 millones el efecto que tendrá durante este año sobre el beneficio bruto de explotación (Ebitda) el nuevo mecanismo de retribución basado en una rentabilidad a partir de los estándares definidos por el Ministerio de Industria. Durante la presentación ante analistas, el responsable de Renovables de la compañía, Xavier Viteri, ha explicado que el impacto negativo de 200 millones corresponde exclusivamente a activos eólicos.

Al analizar el recorte a las renovables, los directivos de la compañía criticaron que se 'castigue más a las tecnologías más eficientes', como la eólica y la cogeneración. Además, cifraron en 3.960 millones los recortes a las distintas tecnologías en lo que va de legislatura, de los que 1.036 millones corresponden a la eólica, 580 millones a la termosolar, 768 millones a la fotovoltaica y 1.576 millones al resto.

Pese a la decisión de no invertir en renovables en España hasta 2016, Iberdrola sí prevé elevar su potencia renovable en 1.200 MW durante los próximos años. El 36% de este 'crecimiento moderado' se producirá en Reino Unido, frente al 31% de Estados Unidos y el 18% de México. En total, la compañía prevé invertir 2.400 millones nueva capacidad eólica tanto en tierra como en el mar. Además, centrará su atención en proyectos maduros con rentabilidades atractivas.

Además, Iberdrola va a centrar en negocios regulados la mayoría de los 9.600 millones de euros que va a invertir en los dos próximos años, con predilección geográfica por Reino Unido y Latinoamérica, dejando a España con el 15% del total por los fuertes quebraderos de cabeza regulatorios. En la presentación de su estrategia hasta 2016, la compañía ha explicado que destinará el 41% de sus inversiones al Reino Unido y el 23% a Latinoamérica, con el 17% en Estados Unidos. Del total, el 57% irán a negocios regulados y el 22% a renovables.

San Pedro también aludió a la 'esquizofrenia' que sufre el recibo de la luz en España, donde se dan unos precios 'de los más altos de Europa' cuando, al mismo tiempo, 'los costes de producción son los más bajos del continente e incluso del mundo'. 'El porqué de esta esquizofrenia se debe a que la factura sigue soportando costes por más de 15.000 millones ajenos al suministro, que proceden en parte de las ayudas a renovables y cogeneración fruto de una pésima gestión del sistema de regulación', afirmó, antes de aludir a otras partidas de costes relacionados con 'políticas sociales o territoriales'. 'La solución no es solo del Ministerio de Industria y del Gobierno español sino que se debe dar por la Comunidad Europea', afirmó. Para San Pedro, Bruselas debe definir cómo se articulan las políticas de reducción de las emisiones de CO2 y se especifican qué parte debe costear el consumidor eléctrico.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha afirmado que, con lo que conoce hasta ahora y desde el punto de vista técnico, ve 'imposible' implantar el nuevo mecanismo para fijar el componente de energía de la tarifa eléctrica que irá vinculada a la evolución del mercado. Sánchez Galán ha dicho que cualquier sistema que lleve a 'más transparencia y a menos coste' es bueno, pero ha advertido de las dificultades técnicas. Hay que tener unos contadores especiales y conectados de forma adecuada, así como programas informáticos específicos y un 'ordenador gigantesco', con los que no se cuenta actualmente, ha señalado. 'No hay contadores y los que hay están conectados para otras cosas', ha explicado Galán, que ha ejemplificado que Iberdrola tiene dos millones de contadores inteligentes de los que solo un millón tiene conexión para poder medir la energía en cada instante. 'Con lo que he oído y he leído, me parece imposible, pero a la hora del detalle puede que se plantee de otra forma. Vamos a esperar a ver lo que escriben', ha añadido.

Sánchez Galán ha insistido en que la energía en España 'tiene y debe bajar' y en que el problema no está en el coste de la energía sino en las 'cargas' que nada tienen que ver con la generación y el transporte y que suponen el 60 % de la factura. 'Ataquemos ese 60% no lo que supone el 1%. Que sean bienvenidos el ahorro y la eficiencia, pero no creemos expectativas', ha afirmado Galán.

Tras anular la última subasta eléctrica de diciembre, el Gobierno ha planteado que el coste de la energía del recibo eléctrico, y que supone alrededor del 40 % del total, vaya vinculado a la evolución del mercado mayorista. En España, la factura eléctrica a la que están acogidos unos 16 millones de consumidores está formada por dos componentes: esa energía y los peajes, que fija el Gobierno y con los que se retribuyen las distintas actividades reguladas.