1988- 14D. Un 'duro golpe' para el Gobierno de González

El presidente reconoce el éxito político de la huelga general, así como el duro golpe que ello supone para el Gobierno'. Las redacciones de los medios de comunicación recibían a mediodía un fax del Palacio de la Moncloa en el que en unos pocos párrafos, el entonces jefe del Ejecutivo reconocía el resultado de la huelga general que un día antes, el 14 de diciembre de 1988, había logrado paralizar casi por completo al país.

González disfrutaba de su segunda mayoría absoluta, con una oposición política enormemente debilitada, y el país iniciando una expansión económica después de la dureza de los primeros años de la transición y del ajuste de la primera legislatura del PSOE. La verdadera oposición eran los sindicatos, con los que se intentó un proceso de negociación (la 'concertación social', se llamaba entonces) en el otoño de 1987, que terminó en ruptura. Comenzaba el distanciamiento entre UGT, dirigida por el veterano Nicolás Redondo (el padre del dirigente socialista vasco), que reclamaba a González un 'giro social'.

Tras el fracaso de la concertación, a comienzos de noviembre, UGT y CCOO acuerdan convocar una huelga general, la tercera de la democracia (aunque las anteriores apenas tuvieron trascendencia), para mediados de diciembre. Su éxito fue indiscutible, y abrió un proceso de negociación con el Gobierno, tras el que los sindicatos lograron gran parte de sus reivindicaciones, algunas de las cuales todavía se ven hoy en día: por ejemplo, la negociación colectiva con los empleados públicos. Desde aquella fecha, los incrementos salariales se negocian con los sindicatos de la Función Pública.

Otras peticiones que se lograron en la negociación que siguió al 14-D fue la compensación a pensionistas y a funcionarios por la pérdida de poder adquisitivo de los años anteriores; además, se dio un impulso hacia la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo, y se mejoró la cobertura por desempleo. También se dio marcha atrás en el plan de empleo juvenil que el Gobierno había lanzado unos meses antes.

El 14-D generó un apreciable aumento del gasto social. Y provocó la ruptura entre UGT y el PSOE, una herida que tardó muchos años en cicatrizar. Su impacto en las urnas fue más tenue: un año después, González lograba su tercera mayoría absoluta.

Hernández Mancha era el líder de la, entonces, Alianza Popular; Pilar Miró era cesada al frente de RTVE; se produjo el atentado de Lockerbie; no había aún televisiones privadas; el empresario Emiliano Revilla fue secuestrado por ETA y liberado tras pagar un rescate. 

Apenas un mes antes, el Banco de España había decidido la intervención de Banesto, con un agujero de 605.000 millones de pesetas (unos 3.600 millones de euros). La economía española trataba de salir de una crisis que había llevado el paro muy por encima de los tres millones de personas, y la tasa de desempleo, a rozar el 25%. Los escándalos de Filesa y el GAL acosaban al Gobierno de Felipe González, que contaba con el precario apoyo de CiU, mientras el PP de Aznar y la IU de Anguita le hacían la pinza.

En este contexto, UGT y CCOO deciden convocar una nueva huelga general, la cuarta contra el PSOE, después del fracaso de las negociaciones del diálogo social en torno a una nueva reforma laboral. La negociación fue larga y polémica, y obligó al Gobierno a retirar de la mesa alguna de sus propuestas, como la de suspender temporalmente la percepción del desempleo a las personas que recibieran una indemnización por despido. Pero no fue posible el acuerdo con un Gobierno debilitado. Al final, el Ejecutivo aprobó a finales de noviembre de 1993 sus medidas, también por decreto ley, que flexibilizaban de alguna manera el despido, avanzaba en la derogación de las ordenanzas laborales, e introducían nuevos contratos, como el de aprendizaje.Tras la aprobación de la reforma, los sindicatos anunciaron sus movilizaciones a casi dos meses vista. 'No queremos hacer una huelga en caliente', argumentaron entonces los dirigentes de UGT y CCOO.

La jornada de paro no fue tan masiva como la del 14-D, pero tampoco pasó tan desapercibida como las movilizaciones de media jornada convocadas año y medio antes. El Gobierno se cuidó de que se cumplieran los servicios mínimos en el transporte, y de que se pudiera mantener la actividad en centros emblemáticos, como las tiendas de El Corte Inglés, que estuvieron fuertemente protegidas para evitar la presión de los piquetes.

El paro registró mucho mayor seguimiento en los cinturones industriales de las grandes ciudades y en la construcción, pero poca incidencia en los servicios y en la Administración. Las movilizaciones no tuvieron, sin embargo, un gran impacto en la política de un Ejecutivo, aunque los sindicatos creen que parte de los efectos de la reforma laboral de entonces fueron amortiguados a través de la negociación colectiva. Dos años después, las elecciones dieron la victoria al PP.

El paro alcanzaba los 3,7 millones de personas; se produjo la fuga y posterior detención en Laos del ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán; el grupo Torras, la cabeza visible de los inversores de Kuwait en España, presentaba la mayor quiebra de la historia española.

Eran poco más de las ocho de la mañana, y el ministro portavoz, Pío Cabanillas (ahora en la empresa privada), lanzaba la consigna del Gobierno: 'No hay huelga general'. Probablemente, no fuera general, pero sí muy generalizada. Las estadísticas mostraron que ese día la demanda eléctrica fue similar a la de un sábado o un domingo, lo que revela el seguimiento del paro, especialmente en la industria, en la construcción y en los transportes; en el comercio y en el resto de los servicios, la movilización fue más desigual.

El Gobierno de Aznar buscó ganar la batalla de los medios de comunicación para tratar de vender desde el primer momento un supuesto fracaso del pulso lanzado por los sindicatos; Mariano Rajoy, entonces ministro de Interior, aseguraba que el paro había sido 'muy parcial'.UGT y CCOO protestaban contra el decreto aprobado unos meses antes, que suponía un apreciable recorte en la cobertura del desempleo. Aquel decretazo salvó su convalidación en el Congreso de los Diputados con los únicos votos del PP, que tenía la mayoría absoluta de la Cámara. Comenzaba la contestación social contra la política de Aznar, que culminó en las manifestaciones contra la guerra de Iraq en febrero de 2003.

El Ejecutivo se empeñó en negar ese día el impacto de la movilización sindical. Pero luego acabó cambiando su discurso: al día siguiente, el entonces titular de Exteriores, Josep Piqué, admitía que la huelga tuvo un seguimiento 'importante'. Las consecuencias del paro se fueron viendo en las siguientes semanas. A comienzos de julio, Aznar hace cambios en su Gobierno, del que salen Pío Cabanillas y el titular de Trabajo, Juan Carlos Aparicio. Y en otoño, en el Parlamento, en la tramitación del decretazo como proyecto de ley, los aspectos más discutidos del texto son retirados o suavizados. Al vicepresidente económico, Rodrigo Rato, no le gustó la cesión de Aznar, y fue ahí donde comenzó su distanciamiento entre ambos.

Los sindicatos, además, tuvieron una victoria moral unos años después. En marzo de 2007, el Tribunal Constitucional anuló el decretazo, aceptando los recursos presentados por la oposición y las autonomías del PSOE, al no estar justificada la urgencia de la situación que se alegaba para aprobar el decreto ley. El tribunal entendió que no había una 'situación de extraordinaria y urgente necesidad'.

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