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Imputa homicidio, hostigamiento y allanamiento a la acusada de matar a su esposo

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La Audiencia de Sevilla ha ordenado que siga en prisión provisional la mujer acusada de matar a su ex esposo, un alto ejecutivo del BBV-A, porque existen "indicios bastantes" de delitos de homicidio, hostigamiento y allanamiento de morada, además del riesgo de que intente destruir pruebas.

La Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, ordena que siga en prisión la acusada N.C.S., que está encarcelada desde el 31 de julio de 2008, un mes y medio después de la muerte de su ex esposo de dos disparos en el pecho en su chalé de la urbanización "La Juliana" de Bollullos de la Mitación (Sevilla).

Los jueces entienden que la implicación de la acusada está corroborada por el testimonio del vigilante de seguridad que la vio entrar en la urbanización en la tarde del 15 de junio de 2008, en el tramo horario fijado por los forenses para la data de la muerte.

Además existen otros "indicios bastantes" como el SMS que envió a la compañera del fallecido desde el móvil que presuntamente le sustrajo, y cuya emisión fue localizada por la empresa telefónica en las proximidades del domicilio de la imputada en la calle San Vicente de Sevilla.

La Audiencia tiene en cuenta además "la entidad y gravedad de los hechos y la especial peligrosidad puesta de manifiesto" por la acusada "en la forma de comisión de los hechos, unido a las penas que en su día pueden ser impuestas, que cabe hacer pensar en el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia".

Todo ello junto al "contexto de hostigamiento" que la acusada ejercía sobre su ex esposo, reconocido por varios testigos, y el "riesgo de afectación de las fuentes de prueba", dicen los jueces.

También considera la Audiencia que existe "solidez" en el delito de tenencia ilícita de armas que imputa el juez de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) a la procesada, pues un tío suyo le entregó unos meses antes un arma corta igual a la utilizada para acabar con la vida de Andrés Toro Barea, un alto ejecutivo del BBVA.

Junto al encarcelamiento de la ex esposa, de la que estaba en trámites de divorcio, como autora material de los disparos, el juez instructor ha imputado en la causa a una hija de la pareja, de 31 años, y ha dado cuenta a la Fiscalía de Menores de la posible colaboración de un hijo que era menor de edad cuando se produjo el crimen.

La pistola que poseía la acusada no ha aparecido y su calibre coincide con los dos disparos que tenía el ejecutivo en el pulmón.

El fallecido, de 59 años, era jefe para Andalucía occidental del Centro Especial de Recuperaciones (CER) del BBVA, que gestiona el cobro a morosos y la recuperación de créditos, y fue hallado en su chalé por un compañero del banco, extrañado por su ausencia del trabajo.

Desde el comienzo las investigaciones se dirigieron hacia alguien del entorno de la víctima, ya que la vivienda no presentaba signos de lucha ni la puerta había sido forzada, por lo que previsiblemente el hombre permitió el acceso a quien acabó con su vida.