El Ministerio de Industria ha ampliado hasta diciembre de 2011 el plazo para que los usuarios de alta y baja tensión indebidamente acogidos a tarifa cumplan con la obligación de contratar su suministro eléctrico en el mercado libre.

Según informaron hoy a Efe fuentes del departamento que dirige Miguel Sebastián, la prórroga del plazo para hacer el cambio, que expiraba a finales de 2010, aparecerá reflejada en la orden de tarifas eléctricas de acceso o peajes que se publicará en breve.

Hasta que hagan el cambio, estos clientes, a los que se les podría cortar la luz en enero de 2012 si siguen acogidos a tarifa, pagarán en su factura un recargo del 20 por ciento sobre la tarifa eléctrica de último recurso (TUR) vigente en cada momento.

En octubre, permanecían acogidos indebidamente a tarifa unos 169.000 usuarios de alta y baja tensión, muchos de ellos organismos o administraciones públicas, según datos de las principales eléctricas.

Estos consumidores habían pagado 112 millones de euros "de más" por la electricidad consumida hasta el décimo mes del año, según la última liquidación realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Los clientes de alta tensión deben estar obligatoriamente en el mercado desde el 1 de julio de 2008, en tanto que los usuarios de media y baja tensión con potencias contratadas superiores a los 10 kilovatios tienen que hacerlo desde julio de 2009, cuando comenzó a aplicarse la TUR, la única tarifa que desde entonces fija el Gobierno.

En caso de que el año que viene no se renueve la prórroga, el 1 de enero de 2012 las comercializadoras podrán dar por rescindido el contrato con el consumidor indebidamente acogido a tarifa y, por tanto, cortarle el suministro.

No obstante, no podrán dejar sin luz a servicios esenciales, como hospitales, alumbrado público, suministro de agua para consumo humano, instalaciones militares o policiales, centros penitenciarios, transportes públicos o servicios funerarios.

Fuentes del sector explicaron que muchos de los puntos de suministro de alta tensión pendientes de pasar a mercado corresponden a organismos y administraciones públicas que tienen una menor movilidad a la hora de hacer cambios y que deben convocar concursos para adjudicar contratos.

En otros casos, el problema radica en que, dado su historial como clientes, las compañías que operan en el mercado libre los consideran "malos pagadores" y no les ofrecen contratos por morosos.