Publicado: 15.01.2014 17:11 |Actualizado: 15.01.2014 17:11

Una inquilina logra una condena a prisión para el dueño tras sufrir 30 años de acoso inmobiliario

la Audiencia de Barcelona impone al propietario dos años de cárcel y a indemnizar con 18.000 a la afectada por privarle del suministro de agua y no reformar el edificio en el que vivía desde hacía 75 años

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Han sido 30 años de acoso inmobiliario los que ha padecido Rosa Talón, una vecina del barrio barcelonés del Clot. En la casa donde nació hace 75 años, ha malvivido estos último sin agua, en un edificio descuidado y con deficiencias básicas por reparar. Pero desde este miércoles puede respirar más tranquila después de haber logrado que la Audiencia de Barcelona conendenase al dueño del inmueble a dos años de prisión.

Desde el local-vivienda en el que reside y regenta una tienda de cestos desde hace décadas, Rosa Talón ha relatado este miércoles a la prensa la larga batalla judicial que ha librado para mantenerse en su casa, un domicilio de renta antigua alquilado en el que ella misma nació y vio morir a sus padres.

La Audiencia de Barcelona ha zanjado ahora el litigio penal que mantenía desde 2006 con el dueño de su piso en una sentencia que ya es firme y en la que reduce de tres a dos años de cárcel la condena que un juzgado penal de Barcelona impuso al propietario por el acoso inmobiliario a su inquilina, una rebaja de pena que podría evitar su ingreso en prisión por carecer de antecedentes.

El tribunal también condena al dueño a indemnizarla con 18.000 euros

El tribunal, que condena al dueño a indemnizar a Rosa Talón con 18.000 euros, cree acreditado el "asedio inmobiliario" a que el procesado condenó a su inquilina desde 1985, forzando el corte del suministro del agua por impago desde 2006 y negándose a acometer reformas básicas de los elementos estructurales en mal estado pese a que así se lo exigía el ayuntamiento.

Rosa Talón estuvo a punto de ser desahuciada en 2009 por orden de un juzgado civil de Barcelona, que dio la razón al propietario al estimar que la finca estaba en ruina porque el coste de la reparación superaba el doble de su valor, pero el desalojo fue paralizado in extremis a raíz de un escrito que la Fiscalía presentó por la vía penal en el que pedía tres años de cárcel para el dueño.

La victoria de Rosa Talón en el frente penal no pone todavía punto y final a su batalla para conservar su derecho a vivir en la casa en la que nació, dado que en la vía civil tiene en su contra una sentencia firme que da la razón al dueño de su casa, pese a que la ejecución de ese fallo quedó suspendida al estar abierta la vía penal.

Por ese motivo, la abogada de la inquilina, Laia Serra, estudia la fórmula legal para que la sentencia de la Audiencia de Barcelona tenga "efectos en la vía civil", de forma que quede anulada la sentencia que extinguía el contrato de alquiler de Rosa Talón, una cuestión que tiene escasos precedentes en la jurisprudencia.