El número de empresas y personas que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) entre abril y junio se situó en 1.771, lo que supone la segunda cifra trimestral más alta desde que se empezaron a utilizar este tipo de procesos a finales de 2004.

Según la Estadística del Procedimiento Concursal que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), las insolvencias crecieron un 16,5% respecto al segundo trimestre de 2010 debido sobre todo al fuerte incremento de las empresas y trabajadores autónomos que se acogieron a concursos de acreedores, que se incrementaron el 19,7%, hasta 1.494.

Supone la segunda tasa más alta desde 2004

En cambio, los particulares que recurrieron a estos procedimientos aumentaron tan sólo un 1,8% en tasa interanual, hasta totalizar 277.

En el primer trimestre de 2011 se tocó el récord en procedimientos de insolvencia (1.803), lo que hace prever a los expertos que el año terminará con las cifras más altas desde que se empezó a aplicar la Ley Concursal, a finales de 2004.

Respecto al primer trimestre, los concursos de empresas y autónomos registraron caídas pero, en cambio, los de familias sufrieron un aumento del 10,4%.

La insolvencia afecta sobre todo a las pequeñas empresas

La construcción y la promoción inmobiliaria volvió a ser un trimestre más el sector más afectado por los concursos de acreedores, con 474 empresas concursadas, el 31,7% del total.

A continuación figuró el comercio, con 271 empresas que se acogieron al concurso de acreedores en el segundo trimestre del año, representativas del 18,1% del total, mientras que el sector industrial y energético acogió 254 insolvencias, el 17%.

El 68,4% de las empresas insolventes eran de pequeño tamaño, como prueba el hecho de que tuvieran menos de 2 millones de euros de volumen de negocio.

Además, el 64% de las sociedades en concurso de acreedores tenía entre 1 y 19 trabajadores, mientras que sólo el 5,15% tenía más de 50 empleados.

Por comunidades autónomas, Cataluña (381), Comunidad Valenciana (253), Andalucía (211) y Madrid (207) concentraron el 59,4% del total de procesos de insolvencia en el segundo trimestre.