El Instituto Borja de Bioética de la Universitat Ramon Llull, defensor de una ética de orientación cristiana, ha asegurado que 'entiende' que se permita regular el aborto a petición, mediante una ley de plazos, antes de la semana 12, en la presentación del documento Consideraciones sobre el embrión humano.

En este sentido, pese a afirmar que una nueva ley de plazos no puede ser entendida como un método contraceptivo más y debe ir acompañada de medidas eficaces 'hasta ahora fracasadas' de pedagogía de la afectividad y la sexualidad, ha subrayado que la modificación de la ley es la respuesta jurídica a una situación 'ya presente y tolerada' en la sociedad.

El Instituto Borja de Bioética ha precisado que la nueva ley no tiene porqué provocar un aumento en el número de abortos, y que fijar un máximo en la semana 12 para la interrupción voluntaria del embarazo garantiza que la gestante disponga de tiempo de reflexión y ponderación de su decisión.

El documento, que no hace referencia a la posibilidad de que las mujeres de 16 años puedan abortar sin el consentimiento paterno, sí subraya que la ley debe recoger el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud y, en cualquier caso, se posiciona 'a favor de la vida' porque el aborto 'siempre supone poner fin a una vida humana iniciada'.

El Observatorio, que reconoce adoptar una postura 'desde la adscripción espiritual cristiana', especifica que más allá del día 14 'hay una vida humana en proceso de desarrollo', aunque no siempre con todos los elementos necesarios propios de su interacción con la madre para considerarse un ser humano completo.

'En una sociedad plural no se puede imponer una ética de máximos para todos'

Aún así, reconoce el fracaso de la actual ley en el hecho de que el 97% de los abortos practicados en España se amparan en la razón de riesgo para la salud psíquica de la madre, sin ningún rigor en la exigencia de veracidad, lo que constituye un 'auténtico fraude de ley'.

El Instituto Borja de Bioética marca también diferencias con las posturas más conservadoras de la Iglesia al reconocer que 'todas' las medidas anticonceptivas son 'aceptables desde un punto de vista ético', y al abogar porque, en caso de interrumpir el embarazo, la decisión se tome de forma responsable, justificada y teniendo en cuenta los plazos.

'En una sociedad plural no se puede imponer una ética de máximos para todos, sino que hace falta buscar unos mínimos éticos compartidos que garanticen la convivencia', puntualiza.