El Gobierno quiere poner coto a los escraches pero en el propio ministerio del Interior los mensajes son contradictorios y todavía no tienen definidas las instrucciones al respecto. Lo que sí parece seguro es que se va a dar instrucciones a la Policía para que establezca perímetro mínimo entre los antidesahucios y los lugares donde pretenden realizar estas acciones, sobre todo en domicilios de políticos.

Este miércoles por la mañana el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha adelantado que se iban a dar instrucciones 'claras' a la Policía Nacional para que siga 'el mismo criterio' que ha adoptado la Ertzaintza. Es decir, que, por 'norma general', imponga una distancia mínima de 300 metros entre los manifestantes y los políticos. Esa fue la distancia que el lunes pasado los agentes impusieron en San Sebastián a un grupo de Stop Desahucios que pretendía llevar a cabo un escrache ante el domicilio y el lugar de trabajo del diputado del PP José Eugenio Azpiroz.

Sin embargo, las palabras de Martínez no han sentado nada bien a su superior, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. Éste, preguntado al respecto por los periodistas en los pasillos del Congreso, ha negado tajantemente que 'sea una instrucción para fijar 300 metros, sólo es una instrucción para que los responsables operativos sepan actuar con la proporcionalidad y flexibilidad necesaria pero que garanticen los derechos fundamentales de reunión y manifestación, que exige una convocatoria previa'.

Y ha recalcado que 'la instrucción que se ha dado es adoptar las medidas operativas adecuadas para garantizar la inviolabilidad del domicilio y la intimidad personal y familiar, y se deja a los mandos que sepan interpretar, con la flexibilidad y proporcionalidad adecuada, cada caso'.

Es más, Fernández Díez ha calificado de 'absurdo' la imposición de una distancia en 300 con carácter general porque depende de la calle, las circunstancias o del entorno, y en función de eso las medidas operativas necesarias pueden ser 'de 300 metros, de 30 o lo que sea'. 'Los responsables saben interpretarlo', ha añadido.

El objetivo de Interior, ha abundado, es el cumplimiento legal de la protección tanto del derecho de manifestación como del de la inviolabilidad del domicilio articular. Eso sí, ha subrayado que el ejercicio del derecho de reunión y manifestación exige una comunicación previa a la autoridad gubernativa. 'Y ninguno de esos acosos se han comunicado y por tanto en todos esos llamados escraches, que son acosos, coacciones o intimidaciones, se están violando de manera flagrante la ley de derecho de reunión y manifestación', ha recalcado.

Esta mañana también se ha pronunciado al respecto el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y ha asegurado que los agentes actuarán, en función de las características de cada escrache, con 'proporcionalidad', 'prudencia' y 'equilibrio', y en función de las características de cada uno de estos actos de protesta.

Además, considera que es 'un gravísimo error sobredimensionar este problema' ya que, según ha indicado, se trata de actividades 'minoritarias'. Si bien ha denunciado que los actos violentos y la coacción 'son inaceptables en nuestro sistema'. 'Hay actitudes de acoso e insulto, de agresiones verbales o físicas que son prácticas totalitarios y que requieren no solo la actuación de la Policía sino también una condena expresa de todos los que creemos en la democracia', ha concluido.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha respaldado la propuesta de Interior porque considera 'fundamental' que los representantes de los ciudadanos, que no son gobernantes, tengan 'plena y absoluta libertad' y estén alejados de 'cualquier elemento de presión'.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, Gallardón ha subrayado la necesidad de 'garantizar que los diputados, que responden ante los ciudadanos, tengan plena y absoluta libertad y estén alejados de cualquier elemento de presión a la hora de emitir su voto'. 'A mi me parece que eso es fundamental', ha apostillado.