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Los inversores de Contsa creen que el patrimonio de la empresa será suficiente para cobrar

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La mayoría de los inversores de la inmobiliaria Contsa que se han reunido hoy en la Plaza España de Sevilla han expresado su confianza en cobrar las deudas tras la suspensión de pagos anunciada por la empresa, ya que creen que su patrimonio será suficiente.

Más de un centenar de afectados han participado en la reunión y la mayoría han expresado su disconformidad con la actitud "impaciente" de Manuel Jiménez Hurtado, quien ya ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla.

En este sentido, han afirmado que esperarán hasta el próximo 3 de marzo, fecha que Contsa ha fijado para reunirse con sus inversores, porque creen que el patrimonio del grupo en Rumanía, Checoslovaquia o Miami podría ser "suficiente" para saldar las deudas, según ha apuntado Javier Loscertales, abogado de profesión y afectado por el caso.

Loscertales, que lleva invirtiendo en la compañía desde hace ocho años, ha señalado que este caso no tiene nada que ver con otros como el de Gescartera o el de Afinsa porque la empresa dispone de patrimonio suficiente y porque la razón de la falta de liquidez de Contsa es únicamente consecuencia de la crisis que padece el sector inmobiliario.

Manuel Jiménez Hurtado, por su parte, ha criticado la actitud del resto de afectados porque no quiere que el caso quede "entre cuatro paredes" y ha afirmado que la falta de liquidez de la empresa "venía de mucho antes".

El grupo Contsa está presidido por el empresario José Salas Bursón y sus inversores, unos 1.200, son en mayor parte pequeños ahorradores que le confiaron entre 6.000 y 200.000 euros cada uno con la promesa de lograr una rentabilidad mínima garantizada.

En un comunicado, Contsa ha informado de que ha solicitado al juzgado un concurso voluntario de acreedores, que atribuye a la crisis que sufre el sector inmobiliario.

Contsa, que lleva veinte años en el mercado, comenzó a sufrir problemas de liquidez en diciembre pasado, cuando pasó a abonar trimestralmente los beneficios que hasta entonces pagaba por meses.

Según el comunicado, la suspensión de pagos tiene por objeto "establecer las bases de un convenio que permita la satisfacción de las obligaciones económicas que la empresa tiene con sus socios e inversores, y de otro, la continuidad de una empresa modélica en el sector".

Afirma que la empresa es solvente porque "hay una diferencia de 30 millones de euros entre el activo y el pasivo".