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Izquierda Plural exige que el banco malo publique un inventario de la cartera que gestiona

Presenta una proposición no de ley para levantar el secreto creado en torno a la Sareb. Al tener un 55% de capital privado, puede gestionar los 'activos tóxicos' de la banca nacionalizada sin dar cuentas a los ciudadanos

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La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) ha registrado este lunes una proposición no de ley en la que exige que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestrucuración Bancaria (Sareb) ─ conocido como 'banco malo'─ publique en un máximo de tres meses un inventario de toda la cartera que está gestionando así como de las operaciones que ha realizado hasta el momento.

El banco malo se creó por ley en noviembre de 2012 como parte del proceso de reestructuración del sistema bancario, y se encarga de la administración y enajenación de activos procedentes de las entidades rescatadas con dinero público. En total, ha recibido 197.474 activos por un volumen de 50.653 millones de euros, y ahora cuenta con quince años para culminar el proceso de desinversión buscando la máxima rentabilidad para sus accionistas. Sin embargo, el hecho de que su capital esté repartido entre un 45% que aporta el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y un 55% aportado por privados ─cuatro bancos nacionales, dos bancos extranjeros, una compañía eléctrica y diez aseguradoras─, le permite no hacer público este tipo de datos.

En la iniciativa, la coalición critica que la actividad de la Sareb sea 'del todo desconocida por la ciudadanía' y que el Gobierno no contribuya a su transparencia, alegando que es una empresa privada y que no puede 'invadir su autonomía de información' cada vez que un grupo de la oposición pregunta por su inventario. 'Los ayuntamientos exigen a la Sareb el derecho a conocer los inmuebles disponibles en sus municipios y el derecho a acceder a una vivienda digna por medio de la cesión o alquiler social para satisfacer sus necesidades sociales', recuerda la Izquierda Plural, que cree que como 'salvavidas público constituido para dar solución a la viabilidad de las entidades financieras que asumieron mayor riesgo inmobiliario' el 'banco malo' debería 'garantizar la máxima transparencia para evitar un nuevo cheque en blanco' y nuevas consecuencias negativas para la ciudadanía.

Entre los datos que exigen que se hagan públicos en un plazo máximo de tres meses se encuentran un inventario de su cartera y sus características, lo que incluye suelos y viviendas, ubicación, tipología de vivienda, antigüedad y precio medio, así como las operaciones realizadas en la venta de activos y el perfil de los clientes. Asimismo, también exige que se incluya en el documento información relativa a los mecanismos de control públicos aplicados ante la 'eventual entrada especulativa de inversores privados', ejecutadas para 'evitar operaciones de compra de los inmuebles a bajo coste sin garantizar la libre concurrencia de posibles inversores públicos y sociales'.

En el mes de julio, el Gobierno se negó a facilitar información a la Izquierda Plural sobre los créditos 'superiores a 300.000 euros desde el año 2000 hasta la actualidad, realizados por parte de las entidades que forman el Sareb'. Con la pregunta, registrada por Cayo Lara, el Coordinador federal de Izquierda Unida pretendía conocer aquellos que 'se encuentren impagados, considerados como de dudoso cobro, o declarados como fallidos', así como su desglose por 'concepto, año, entidad financiera concesionaria' y 'aquellas personas jurídicas y físicas receptoras del crédito'.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy contestó que el banco malo es 'una empresa con mayoría de capital privado' y, por tanto, tiene que acogerse a 'lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital' y demás normas del ordenamiento jurídico, 'debido a la participación del sector público en la misma y la importancia de su actividad para la estabilidad financiera, se ha articulado un régimen específico de suministro de información en las Cortes Generales'. ¿Esto qué quiere decir? Que 'cualquier solicitud de información confidencial sobre la Sareb' que no esté en relación con las informaciones periódicas que se hacen al Parlamento 'no puede ser facilitada directamente por el Gobierno [...] ya que estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada'.