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Jueces, policías y partidos políticos cargan contra el PP por su denuncia de escuchas ilegales a miembros de su partido

José Blanco da 24 horas a la secretaria general del PP para que presente una denuncia por supuestas escuchas ilegales o dimita

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El PP se ha quedado solo en su denuncia de escuchas ilegales a dirigentes de su partido. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, el responsable de Justicia, Federico Trillo, y el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, pueden ser algunos de los políticos con los teléfonos 'pinchados', según fuentes de la formación.

Desde asociaciones de jueces hasta sindicatos policiales, pasando por el presidente del Gobierno o el PSOE, se ha recomendado a los conservadores que se calmen, al tiempo que, casi de forma unánime, se les ha dado dos opciones: o bien que presenten ante los tribunales que esas escuchas ilegales se han producido, o bien la propia De Cospedal dimita.

El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, ha emplazo al Gobierno a 'demostrar' que 'son falsas' las denuncias de su partido. A su entender, se está produciendo 'realmente' un 'deterioro grave' de la democracia porque el Ejecutivo 'da instrucciones a las instituciones' y las 'utiliza' para 'acosar' y 'aniquilar' a su formación.

Las principales asociaciones de jueces -Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (FdV) y Jueces para la Democracia (JpD) - atribuyen las palabras de la secretaria general del PP a un 'calentón'. Las califican de 'torticeras', 'mendaces' o 'perturbadoras' . 'Muchas veces los calentones de los políticos perjudican la imagen de nuestras instituciones', ha lamentado el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, para quien De Cospedal 'ha manifestado un delito muy grave y de mucha envergadura'. 'Lo que procede es denunciar los hechos con todo lujo de detalles y explicar por qué ha hecho unas declaraciones tan graves, esa es su obligación', ha agregado.

Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha considerado que el PP debería 'poner en manos de la Justicia española' cualquier 'duda que exista' sobre la supuesta realización de escuchas ilegales a miembros de su partido. 'Yo respondo por todos los jueces de España que actúan de forma legal, y las escuchas telefónicas que se puedan haber efectuado desde el punto de vista judicial siempre son bajo el control de los jueces y magistrados españoles', ha afirmado.

En cualquier caso, el vicepresidente del CGPJ ha lanzado una petición de sosiego, al afirmar: 'Creo que deberíamos aprovechar el mes de agosto para tranquilizarnos en el ámbito judicial'. 'Lo deben hacer los partidos es sentarse y llegar un acuerdo para dotar presupuestariamente a la Justicia, y no utilizarla como moneda de cambio echándola unos sobre otros', ha añadido.

Desde la asociación Francisco de Vitoria, han tilado las acusaciones de 'torticeras y mendaces'. 'Siempre que los jueces realizan alguna escucha es porque previamente se lo han solicitado y lo hacen dentro de una investigación, por lo tanto, no son ilegales', ha informado.

El PP emplaza al Gobierno a que demuestre que sus denuncias son falsas

El portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Miguel Angel Jimeno, ha declarado que las palabras de la secretaria general del PP 'causan perplejidad'. 'Viniendo de ese nivel político, son muy perturbadoras para nuestro sistema democrático', dijo al tiempo que la acusó de 'deslegitimar uno de los pilares básicos del sistema democrático'.

De todas las críticas, las más tibia ha sido la del presidente del Gobierno, principal perjudicado por la polémica. Durante una intervención en las Islas Canarias ha subrayado que el PP 'sabe muy bien que tenemos una justicia que funciona conforme al estado del derecho'. Por eso ha instado a la 'responsabilidad a la hora de hacer determinadas valoraciones', ha agregado. 'Deseo quedarme ahí', ha subrayado reconociendo de forma implícita que, en realidad, no ha entrado en el juego acción-reacción.

Desde el PSOE se ha cargado duramente contra el PP. La secretaria de Política Internacional del PSOE, Elena Valenciano, ha planteado que la secretaria general del PP ha llegado 'a tal grado de infamia' que en este momento su 'disyuntiva' es presentar una 'denuncia formal y probar lo que ha dicho o abandonar la vida política y que se vaya a su casa'.

'Una dirigente de un partido tan importante como el PP no puede hacer una afirmación como la que ayer hizo sin que suceda nada', ha subrayado para proseguir: Valenciano afirmó que el PP está en una 'escalada declarativa exageradísima' para 'tapar los casos de corrupción que han pasado de salpicarles a inundarles'.

El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, ha pedido serenidad al PP en sus declaraciones sobre supuestas escuchas ilegales y ha pedido que se denuncien judicialmente si hay pruebas y si no que se rectifique. 'Que yo sepa, esa orden no viene del Gobierno', ha respondido el ministro, quien ha subrayado que 'la democracia es procedimiento y hay que

aplicar los procedimientos'. 'Lo que tenemos que hacer es, con serenidad, menos declaraciones aunque sea verano, y también, por nuestra parte, un poco de mesura en tanta declaración y tanto discurso', ha dicho.

'Viniendo de ese nivel político, son muy perturbadoras para nuestro sistema democrático'

El ministro de Fomento, José Blanco, ha dado 24 horas a la secretaria general del PP para que presente una denuncia por supuestas escuchas ilegales o dimita.

Ni siquiera el cuerpo de Policía respalda mínimamente las tesis del PP. Los portavoces del Sindicato Español de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) se han mostrado molestos por las denuncias vertidas. El vocal del Consejo del Confederación Española

de Policía (CEP), José Carlos Romero, ha afirmado que 'en política no todo puede valer' y critica que las declaraciones de Cospedal 'afectan al colectivo' y ponen en cuestión el trabajo de la policía. 'Si ella lo cree y tiene las suficientes pruebas, lo que tiene que hacer es ir a los a os juzgados y denunciarlo', expuso Romero.

Por su parte, desde el Sindicato Unificado de Policía, su secretario general, José Manuel Sánchez, opinó que las declaraciones de Cospedal, en las que se refirió a un estado policial, 'deberían sustentarse en algunas pruebas, ya que si no hay pruebas es 'complicado' sostener esa acusación.

El responsable de Comunicación y Programa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Carlos Martínez Gorriarán, considera 'patético' que PSOE y PP estén 'todo el día' con 'broncas y altercados' a costa del caso Gürtel y las supuestas escuchas y, sin embargo, se pongan de acuerdo, por ejemplo, para dar dinero a los bancos.