Las juntas de jueces convocadas hoy en todos los órganos judiciales decidirán si se suman a los paros convocados para el 18 de febrero en Murcia, Extremadura y Zamora, o si dan un margen al Gobierno para responder a las reivindicaciones de las asociaciones que, según Justicia, son "asumibles".

En el caso de la Junta Local de Palma, están convocados a las 13.00 horas los 59 o 60 jueces unipersonales del partido judicial.

A la huelga del 18 de febrero se han sumado también unos 270 jueces a título personal, aunque las cuatro asociaciones judiciales han preferido aplazar al 26 de junio la posible huelga y comprobar si el Ejecutivo pone en marcha sus exigencias.

El "documento reivindicativo" consensuado por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y el Foro Judicial Independiente será examinado hoy por las juntas de jueces.

En lugar de una huelga, las asociaciones proponen que el 18 de febrero se celebren concentraciones de jueces "sin toga" en todas las capitales de provincia frente a los edificios judiciales más emblemáticos, en las que se leerán sus reivindicaciones.

Entre ellas, destaca la urgente instauración de la oficina judicial, la plena incorporación de las nuevas tecnologías, la supresión del traslado forzoso por ascenso y el cumplimiento de la Ley de Retribuciones de la carrera judicial.

A esta propuesta se une el documento suscrito la semana pasada en Madrid por los jueces decanos de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Málaga y Palma, que piden también la adecuación de la planta judicial a la carga de trabajo, un aumento de la inversión en Justicia, del 1 al 3,5 por ciento en cinco años, y la atribución a los jueces del control en los señalamientos de los juicios.

Las juntas de la provincia de Barcelona debatirán otro documento, al que ha tenido acceso Efe, que se centra más en las reivindicaciones del colectivo.

Así, en el capítulo de retribuciones reclaman una paga de compensación conforme al IPC, un aumento de sueldo anual "como mínimo" equivalente al incremento de la inflación, y mayor en función de la carga de trabajo y la responsabilidad del juez, la retribución de las sustituciones y las horas extras y el incremento del pago de las guardias, tras las que exigen además un día de descanso.

En Murcia y Extremadura los decanos van a proponer que se mantenga el paro convocado para el 18 de febrero y que se designe un comité de huelga, facultado para desconvocar la protesta en función del resultado de la reunión que el Ministerio de Justicia celebrará el próximo lunes con las asociaciones.

El portavoz de la APM, Antonio García, explicaba a Efe que el Ministerio y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dieron ayer un primer paso al reconocer como asumibles sus reivindicaciones, con lo que a su juicio se "visualiza" que "lo que se está reclamando es de ley".

En este contexto parece imposible aventurar lo que ocurrirá mañana en las juntas de jueces.

"No está nada claro", ha reconocido a Efe el portavoz del Foro Judicial Independiente (FJI), Conrado Gallardo, que recuerda que hay un 50 por ciento de jueces que no están asociados y "un buen número" que no ven razones para ir a la huelga.

Ese es el caso de los jueces de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, donde ni siquiera se van a celebrar las juntas, porque ninguno de los magistrados ha reclamado su convocatoria.