La negociaciones que mantiene el Ministerio de Justicia con las distintas asociaciones judiciales para evitar los paros previstos para octubre chocaron ayer de lleno contra un nuevo escollo. El informe de la Intervención General del Estado desvelaba la evolución durante el año 2008 del número de funcionarios en las distintas administraciones. Creció en todas ellas menos en Justicia donde los recursos humanos cayeron un 4,8%.

El dato escoció en las asociaciones. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que mantiene su intención de secundar la huelga de octubre, no tardó en reaccionar. En declaraciones a Europa Press, su portavoz, Antonio García, tachó el trato que recibe la administración de Justicia por parte del Estado de 'desigual y discriminatorio'. A su juicio, la noticia es aún más grave teniendo en cuenta la 'situación de carencia notable' que sufren los juzgados españoles.

La APM denuncia las 'palabras grandilocuentes' de los políticos

La asociación con mayor número de afiliados de las cuatro existentes señaló las contradicciones entre el discurso que se lanza desde el Gobierno y los datos reales. García reconoció que nunca albergaron 'la esperanza de que se duplique el personal' pero que tampoco entraba en sus previsiones una disminución. Sin una ampliación de recursos, explicó, no es posible 'prestar el servicio público de la forma más eficaz'.

Según el portavoz de la APM, 'la noticia desmiente las declaraciones de la clase política'. En su opinión, desde el Gobierno se 'utilizan palabras retóricas y grandilocuentes' con la única intención de transmitir a la sociedad que 'la Justicia es prioritaria'. Sin embargo, subrayó, tras 'mucho tiempo de negociación con el Ministerio de Justicia' por la escasez de medios en el sector, los resultados que se extraen del informe de la Intervención General del Estado son una prueba más de la 'carencia crónica' que sufre.

También desde la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, se resaltó la importancia del dato. Su portavoz, Marcelino Sexmero, hizo hincapié en hacer una valoración 'muy negativa' de la noticia porque 'contradice las palabras de los ministros de Justicia' y demuestra que 'se disminuye la inversión dedicada al sector judicial en los Presupuestos Generales del Estado, como ocurre tradicionalmente'. 'Lo único que refleja es la escasa inversión en mejorar la Justicia', concluyó Sexmero.