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Los jueces de Sevilla no quieren "más riesgos profesionales" por sobrecarga

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El pleno de los magistrados de la Audiencia de Sevilla ha acordado hoy pedir que su carga de trabajo se "reconduzca" y se limite a "un número de asuntos asumible y que no genere riesgos profesionales por sobrecarga", y en caso de que no se atiendan sus peticiones adoptarán medidas de presión.

El presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, ha dicho a Efe que la reunión también han acordado poner en conocimiento del organismo responsable sus dudas de que el edificio donde trabajan, en el que previsiblemente pasarán varios años hasta que se construya la Ciudad de la Justicia, "cumpla las mínimas condiciones de seguridad laboral".

Por su parte, los secretarios judiciales han reaccionado "indignados" a la decisión del ministerio de Justicia de prohibir sus asambleas previstas para hoy, en las que iban a abordar la falta de medios evidenciada por el "caso Mari Luz", y han anunciado que estudian recurrirla ante los tribunales, según su portavoz Luis Toribio.

Los secretarios sevillanos consideran que la decisión "es un abuso de poder" porque los servicios esenciales estaban "plenamente garantizados" puesto que se trataba de una asamblea voluntaria a la que no iba a asistir quien tuviera algún juicio u actuación judicial, ha añadido Toribio.

Ha dicho a los periodistas que el ministerio "pretende conculcar nuestro derecho de reunión" y ha anunciado que el Colegio Nacional de Secretarios estudia recurrir la prohibición igual que recurrió y ganó la orden de servicios mínimos impuesta con motivo de su huelga del pasado 21 de octubre.

La prohibición, según el vocal del Colegio de Secretarios, demuestra "la falacia de las reformas procesales" propuestas por el Gobierno, que a su juicio "no va a redundar en un servicio de mayor calidad para el ciudadano".

Por su parte, el pleno de magistrados contó con la asistencia de la casi totalidad de sus 31 integrantes, que han exigido que se cree una nueva sección de lo Penal en la Audiencia sevillana y que su carga de trabajo se limite a lo exigible por ley, situado en 300 asuntos anuales en lo penal, cifra que ahora sobrepasan con creces.

Además han exigido para lo civil una carga de trabajo de una ponencia por día laborable.

Álvarez ha señalado a Efe que el pleno de magistrados ha decidido que, en caso de que no se atiendan sus reivindicaciones, adoptarán "medidas de presión acomodadas a cada circunstancia, ninguna concretada pero ninguna descartada", ha dicho en referencia a la propuesta de huelga que barajan varias asociaciones judiciales.