Publicado: 02.12.2013 15:10 |Actualizado: 02.12.2013 15:10

El juez acusa a Díaz Ferrán de insolvencia, organización criminal y blanqueo por el caso Marsans

El magistrado Eloy Velasco ha desvelado también que cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de Cabo en pagos mensuales a 100.000 euros por del vaciamiento de activos del Grupo Marsans

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El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha dado el primer paso para volver a sentar en el banquillo de los acusados al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, en esta ocasión por el vaciamiento patrimonial de Marsans, del que acusa a otras 10 personas, entre ellas el empresario Ángel De Cabo.

Concretamente, el juez ha acusado al expresidente de la CEOE de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra de Viajes Marsans. En un auto en el que transforma las diligencias previas de la operación Crucero en procedimiento abreviado, el magistrado imputa los mismos delitos a otra decena de personas; entre ellos, al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a la mano derecha de De Cabo, Iván Losada; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y José Pardo Manrique y el financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo, que ejercía labores administrativas.

Velasco asegura que el expresidente de la CEOE decidió junto a su socio, el fallecido Gonzalo Pascual, "iniciar un proceso de enajenación tanto de las compañías del grupo empresarial como de los bienes y sociedades patrimoniales y de los bienes poseidos a través de éstas con el fin de excluir de dichos procedimientos los activos realizables". El auto explica que Díaz Ferrán y Pascual comenzaron a partir de 2009 a afianzar las deudas de su grupo empresarial, formado por Viajes Marsan, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras compañías, "con su propio patrimonio, que era a su vez poseido a través de distintas sociedades".

Dentro del acuerdo De Cabo se comprometía a pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán y Pascual hasta alcanzar los ocho millones de euros. El dinero -dice el juez- "se extraía de los activos del grupo o de las patrimoniales de ambos". El juez especifica que el expresidente de la patronal llegó a cobrar 1,06 millones mientras que Pascual recibió casi un millón. 

Díaz Ferrán y De Cabo, que se encuentran en prisión bajo fianzas de cinco millones de euros, fueron encarcelados el pasado 5 de diciembre junto a otros cinco miembros del entramado. Quedaron en libertad la secretaria del liquidador, Susana Mora, tras depositar una fianza de 3.000 euros, y el fiscalista Rafael Tormo tras la imposición de medidas cautelares.

El expresidente de la patronal está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por la compra de Aerolíneas Argentinas y está imputado en otras dos causas por apropiarse indebidamente de 4,4 millones de euros en la quiebra del Grupo Marsans y la venta de preferentes en Caja Madrid, de la que fue consejero. Además, el Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid le investiga por su participación en la quiebra de Seguros Mercurio, mientras que otro juzgado mercantil de Madrid le consideró culpable de la bancarrota de Marsans.

El juez ha desvelado también que Díaz Ferrán cobró 1,06 millones de euros del empresario Ángel de Cabo en pagos mensuales a 100.000 euros procedentes del vaciamiento de activos del Grupo Marsans. El magistrado le acusa de la comisión de delitos de insolvencia punible, organización criminal y blanqueo de capitales por eludir de forma fraudulenta el pago a los acreedores tras la quiebra del grupo.

Para llevar a cabo el vaciamiento del grupo se concertaron con De Cabo, que se dedicaba a liquidar empresas en situación de concurso. Este empresario empleaba para ello una estructura en la que cursaba instrucciones a personas que trabajaban para él para que realizaran operaciones de transmisión de participaciones sociales, activos o simplemente actuaran de testaferros en las distintas sociedades. Dentro del acuerdo De Cabo se comprometía a pagar 100.000 euros mensuales a Díaz Ferrán y Pascual hasta alcanzar los ocho millones de euros.

Entre las operaciones destinadas a la liquidación del holding el juez señala las ventas de concesiones para el transporte de carretera el grupo y de las sociedades Teiver, Consulting XXI, Inversiones Grudisan, Parihol Inversiones, Holdisan Inversiones a empresas vinculadas a De Cabo.

También destaca la cesión de la gestión de la cadena Hotetur, la venta de dos apartamentos en Nueva York, de la finca de Pascual 'El Sauceral' y la de Díaz Ferrán 'Castillo del Alamín', del barco 'Leuqar', coches de alta gama y otros terrenos en Madrid y Palma de Mallorca. Incide por útimo en el cobro de nóminas del personal de De Cabo con cargo a empresas de Marsans, la retirada y apoderamiento de 10 millones de euros de la tesorería de Naturaleza y Turismo, y el de 33,8 millones de Astra.

Una vez vaciadas las sociedades del grupo De Cabo realizó transferencias con los bienes para ocultar su origen ilícito. Las operaciones fueron dotadas de un soporte documental falso y el dinero se situó en paraísos fiscales como Chipre, Malta, Hong Kong, Suiza o Panamá.