Publicado: 17.10.2014 11:43 |Actualizado: 17.10.2014 11:43

El juez acusa a Rato y Blesa de "consentir, aceptar y propiciar" el uso de las 'tarjetas B'

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El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu cree que los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato y Miguel Blesa habrían "consentido, aceptado y propiciado" el uso indebido de fondos de la entidad a través de las tarjetas B. Y no sólo eso: Andreu cree que ambos presidentes entregaron dichas tarjetas a consejeros y directivos sin haber controlado la justificación de los gastos ni existir un sustento contractual para ello.

El magistrado se pronuncia así en el auto dictado este pasado jueves en el que acusa a los banqueros de la comisión de un delito de administración desleal, castigado en el Código Penal con penas de prisión de seis meses a cuatro años o la imposición de una multa del triple del beneficio obtenido. Andreu también les impone el pago de una fianza en concepto de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y tres millones para Rato.

El instructor asegura que ambos presidentes utilizaron "en provecho propio" las tarjetas y las entregaron a miembros del Consejo de Administración, de la Comisión de Control, consejeros ejecutivos y directivos, lo que "supuso la percepción por parte de estas personas de cantidades en concepto distinto del retributivo".

De lo hasta ahora investigado, explica Andreu en su auto, se desprenden indicios "racionales y bastantes"  de esta práctica que conllevó a que 86 personas percibieran bajo sus respectivas presidencias cantidades "en concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado" al respecto.

Tampoco existen órdenes o decisiones por parte de directivos ni documetación alguna que justifiquen "la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas", ni elementos que demuestren que los dos máximos mandatarios de la caja realizaran algún control o supervisión de los gastos que generaron.

Con todo ello, el magistrado sostiene que incumplieron la Ley de Cajas de 2003, que establece que en el ejercicio de las funciones de los miembros de sus órganos de gobierno "no se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones". Entendiendo como indemnización "la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental". Dichas pautas, explica, se mantuvieron en la nueva redacción de la ley en enero de 2011, pero fueron "incumplidas mediante la emisión y uso de tan mencionadas tarjetas".

Puesto que la apertura de juicio oral "no se encuentra en absoluto cercana", y ante "el temor a la inoperancia final" de un procedimiento "de tal dimensión", el juez aprecia una "necesidad real" de establecer fianzas para asegurar las responsabilidades civiles "sobre las que recaen las sospechas que van aflorando" según avanza en su investigación.

El juez impuso las cantidades de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25% que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo.

Los exbanqueros, que pueden recurrir los autos, disponen hasta el próximo miércoles para hacer efectivas sus fianzas, o de lo contrario se les embargará sus bienes.


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