El ex magistrado de Familia Fernando Ferrín Calamita, al que el Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) juzga desde hoy por el presunto retardo malicioso de la adopción de un niña solicitada por una mujer lesbiana, dijo en la primera sesión del juicio que "siempre velé por el interés de la menor".

Ferrín Calamita, para quien el fiscal solicita 18 años de inhabilitación y multa por un delito de prevaricación, añadió que nunca se movió por criterios ideológicos, "ya que sé distinguir mi función como juez de mi papel como otra persona normal de la calle".

El magistrado alegó en su defensa que tanto la anterior letrada de V.H., la mujer que solicitó la adopción de la niña, hija biológica de su compañera sentimental, como el fiscal adscrito al Juzgado "nunca recurrieron mis resoluciones, y el secretario tampoco me hizo la menor observación, por lo que no estará tan clara la prevaricación".

A la pregunta del fiscal sobre el motivo por el que había solicitado un segundo informe sobre la adopción cuando ya disponía de uno emitido por el servicio correspondiente de la Consejería de Política Social, declaró que "lo hice porque ni aquel informe, ni tampoco el que realizó el Gabinete Psico-social, iban al núcleo del asunto".

El magistrado añadió que "lo que yo quería era un informe documentado en el que se hablara de la repercusión de la adopción en la menor, y a esta petición no se ha contestado".

Comentó también que "yo, como juez de Familia, tenía que velar por la niña, porque tanto la madre adoptante como la madre biológica son mayores de edad y libres de hacer lo que quieran, pero mi obligación era la menor".

Manifestó también que "nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo", comentario que provocó el aplauso de algunas personas que seguían la vista y que fue cortado de forma rápida por el presidente del Tribunal, Julián Pérez-Templado, quien anunció que desalojaría la Sala si se repetían manifestaciones de este tipo.

Ferrín Calamita declaró en otro momento que el fiscal y la acusación particular "llegaron a un acuerdo, que me transmitió el procurador de los tribunales, y que consistía en que la querella sería retirada si accedía a irme de Murcia y entregaba 10.000 euros al letrado de la querellante".

Esta afirmación fue desmentida por el abogado que presentó la querella en nombre de V.H., José Luis Mazón, quien señaló que "toda propuesta que conllevara el mantenimiento del señor Ferrín Calamita en la jurisdicción jamás se me habría ocurrido, por ser contraria a la seguridad jurídica".

Esta primera sesión de la vista oral comenzó con varias cuestiones previas planteadas por la defensa del juez, Javier María Pérez-Roldán, quien alegó que en la tramitación de este caso se han vulnerado los derechos fundamentales de Ferrín, "lo que arrastra, inevitablemente, a la nulidad de actuaciones".

En su opinión, esta violación de derechos se habría producido, entre otros motivos, por la supuesta imprecisión en los hechos de los que se acusa al juez en el auto de apertura del juicio, por la no abstención en los primeros momentos del presidente del Tribunal Superior, Juan Martínez Moya, y por la denegación de algunos de los testigos propuestos.

Entre estos testigos cuyo testimonio no ha sido considerado necesario por la Sala, se encuentra el fiscal del Juzgado que dirigió el acusado y el secretario judicial, así como su anterior procurador de los Tribunales, Antonio Rentero.

El presidente del tribunal, tras retirarse unos minutos a deliberar, informó de que se desestimaban estas cuestiones previas "por las razones que se recogerán en la sentencia", aunque adelantó que "no ha habido una quiebra procesal de la suficiente entidad como para entender que se han vulnerado los derechos del acusado".