El Juzgado de Ourense concedió hoy un plazo de cinco días a los padres del niño de 9 años aquejado de obesidad mórbida para que digan dónde se encuentra escondido o bien acrediten que no son responsables de ello, informó hoy su abogado, José Manuel Rodríguez.

El letrado de Luis Montoya y Margarita Gabarres, padres del niño, que mañana cumple 10 años y que permanece desaparecido desde hace hace varios días, hizo estas declaraciones después de que la pareja acudiera esta mañana ante el juez decano, Antonio Piña, del Juzgado de instrucción número dos de Ourense, para prestar declaración.

Fuentes judiciales indicaron, sin embargo, que el plazo concedido por el Juzgado no es para que entreguen al hijo, sino para que presenten documentación que acredite que no son responsables de un delito de ocultación y de desobediencia administrativa.

La Fiscalía de Ourense interpuso la semana pasada una querella criminal contra los padres del niño, después de que la Xunta dictase una resolución para reclamar la custodia.

Tras la comparecencia, el abogado dijo que los padres conocieron la citación judicial "a las diez menos cinco" de hoy, en la que se requería su presencia, lo que provocó el aplazamiento de la declaración hasta las 13:00 horas.

"Se ha requerido que en el plazo de cinco días manifieste dónde está el niño e incluso se ha sugerido la posibilidad de que estuviese en Barcelona, dejando claro que jamás salió de la Comunidad Autónoma de Galicia", comentó el abogado.

Los padres reiteraron su rechazo a la posibilidad de entregar al niño, pese al requerimiento de la Xunta, que pretende internarlo en un centro de menores, ya que "entienden que se le puede causar daño -al menor- con el ingreso en un centro, abandonando su entorno familiar y comunitario", dijo Rodríguez Díaz, quien justificó que por ello no están dispuestos a revelar su paradero.

Según el abogado, el juez "lo único que dio es el requerimiento para que entreguen al niño bajo apercibimiento de un delito de desobediencia", si bien resaltó la prudencia por parte de la Fiscalía, al no haber solicitado prisión provisional para los padres, aunque "podía hacerlo".

El abogado consideró necesario "seguir trabajando y buscar en todo caso el beneficio del niño", por lo que sugirió la necesidad de "buscar puntos de encuentro y el interés del menor".

La Xunta interpuso una petición de custodia del menor después de que un informe médico en agosto pasado -cuando fue atendido en un centro médico- alertara de insuficiencia respiratoria grave como consecuencia de su estado, ya que llegó a alcanzar un peso de 81,5 kilogramos, aunque según los familiares pesa ahora 70 kilogramos.

En caso de no facilitar detalles sobre el paradero del niño, los padres podrían ser condenados hasta dos años de prisión por un delito de sustracción de menores y desobediencia administrativa.