El juez Javier Gómez Bermúdez dejó este viernes en libertad sin cargos y sin imponerle medida cautelar alguna al asesor fiscal del despacho Garrigues Javier Escrivá, quien había aparecido inicialmente relacionado a  la trama urdida para evadir impuestos por empresarios de turismo y exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo mediante una sociedad pantalla en el paraíso fiscal de Curaçao.

Fuentes jurídicas destacaron que Escrivá declaró hoy ante el juez y que su testimonio corroboró varios extremos de la investigación, por la que ha sido enviado a prisión el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, bajo fianza de 1,5 millones de euros.

El otro exdirectivo de la Caja alicantina enviado este jueves a la cárcel, Daniel Gil, ha reunido en menos de doce horas la fianza de 400.000 euros que le impuso el juez, por lo que abandonará la prisión. Se le va a retirar el pasaporte y tendrá prohibición de salir de España, así como obligación de personarse en el Juzgado cada quince días.

En los autos de prisión dictados por el juez Gómez Bermúdez para Gil y López Abad, se recogía que el asesor fiscal Javier Escrivá había explicado a la Guardia Civil como los miembros de la trama --dedicada a la compra y construcción de hoteles en el caribe, en parte con dinero de la CAM-- usaron una sociedad pantalla llamada Jacksonport Corporation NV. para eludir sus obligaciones fiscales en España.

El juez destacaba que, a pesar de ello, Escrivá elaboró dos informes defendiendo la legalidad de la referida estructura a petición de Ferri y Baldó (los empresarios participantes en la trama, que se encuentran en busca y captura), y Roberto López Abad y Daniel Gil losutilizaron para justificar ante los órganos de decisión y control de la CAM la legalidad de la estructura societaria en la que se articulaba el Grupo Valfensal (sociedad compradora de los hoteles), 'venciendo así toda posibilidad de resistencia por parte de los órganos de la caja'. 

El juez cree que los exdirectivos de la CAM desviaron más de 200 millones de euros a Curaçao de las operaciones hoteleras en el Caribe, y que pudieron defraudar más de 30 millones de euros. El instructor les imputa delitos fiscales, de falsedad documental y contable, administración fraudulenta y/o apropiación indebida.