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El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado

España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los fusilados y desaparecidos del franquismo

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Treinta y tres años después del fin del franquismo, España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los muertos de la guerra civil y la posterior represión del régimen dictatorial. Mientras Franco recuperó con pompa y honor a sus caídos, el Estado democrático ha dejado olvidados en las cunetas y en los cementerios a miles de cadáveres.

Han tenido que ser los familiares de desaparecidos y muertos y las asociaciones de memoria quienes se pusieran manos a la obra para localizar y dignificar las fosas de la guerra, en un olvido forzoso desde 1939.

Sólo la sensibilidad de determinados gobiernos autonómicos de izquierda les ha financiado la búsqueda. En Andalucía se han detectado hasta ahora 668 enterramientos; en Catalunya, otros 179; en Galicia, por ahora, 37.

España sigue sin tener completo el mapa de la memoria. La operación del juez Baltasar Garzón -que trata de forzar la identificación oficial de los desaparecidos bajo el franquismo- alabada por las diversas asociaciones, ha puesto de relieve la inexplicable dejadez con la que los Gobiernos democráticos han tratado la represión del régimen franquista.

La llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura por el Gobierno socialista, prevé en su artículo 12 que las 'Administraciones' -no especifica cuáles- elaborarán mapas de fosas en sus ámbitos de competencia. La labor del Gobierno se limita así a recibir los datos de las demás Administraciones y plasmarlos en un mapa de todo el país.

'Es vergonzoso', afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto de Emilio Silva, el primer fusilado identificado con una prueba de ADN. Y es un trabajo en el que, cuanto más tarde en hacerse, más datos se perderán, porque no toda la memoria está en los papeles, aseguran las asociaciones.

Hubo dos etapas básicas en la localización y recuperación de las tumbas olvidadas, según han constatado Silva, Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica del sindicato CGT y Rafael López, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, entre otros. La primera se inició poco después de la muerte de Franco, entre las primeras elecciones municipales, a finales de los años setenta, y el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981.

En este periodo, las exhumaciones estuvieron promovidas en su mayoría por los familiares de las víctimas -muchas se llevaron a cabo en la intimidad- y, en bastantes casos, 'contaron con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos', según consta en un informe de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. No recibieron apenas publicidad en los medios. Sin embargo, su volumen fue muy importante.

En Sevilla, donde hasta ahora se han practicado 32 exhumaciones, 12 se levantaron entre 1975 -año de la muerte de Franco- y 1982, cuando se exhumaron más de 1.500 víctimas de la represión. 'Todo eso desapareció' con el 23-F, afirma Silva. Nueve se produjeron durante la dictadura y las otras 11, entre 1982 y estos días. +

Además, en la época de la transición se colocaron 14 placas, inscripciones, monumentos o monolitos, los llamados hitos de dignificación, mientras que ahora, cuando la Junta de Andalucía subvenciona los homenajes, sólo se han situado 18.

La segunda etapa se inició en 2000, cuando las exhumaciones de fosas y cunetas tomaron cuerpo en los medios de comunicación y el debate sobre la represión comenzó a levantar el manto del olvido. Entonces, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, ante las reivindicaciones de las asociaciones, comenzaron a dictar decretos, firmar convenios y tratar de llegar a conclusiones sobre la situación exacta de las fosas, tan importante para conocer el alcance real de la represión

¿Y las gobernadas por el PP? 'Ninguna ayuda. En Castilla-León, ni caso, en Galicia, cuando gobernaba Fraga, nos echaron para atrás dos veces', asegura Silva. 'En general -agrega- no ha habido políticos' implicados en la recuperación de la memoria. 'Hemos pasado siete años excavando sin ayuda del Gobierno', remacha. En esto coinciden la mayoría de asociaciones.

'El País Vasco es quien mejor ha hecho los deberes', añade Silva. El Ejecutivo de Vitoria ha recopilado muchos datos gracias a un convenio firmado con la Sociedad Aranzadi, que desde 2003 ha permitido abrir nueve fosas. Hay más localizadas, pero no se han abierto por no haber solicitud de las familias. La próxima acción del Ejecutivo de Vitoria será enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un total de 8.650 expedientes de personas fusiladas o desaparecidas en el País Vasco durante la Guerra Civil.

Según los informes del Departamento vasco de Justicia, el número de desaparecidos en Euskadi entre 1936 y 1942 asciende a 8.650 personas, de las que 2.352 está registrados como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.

El Gobierno de Galicia y el de Catalunya ya han enviado al juez Garzón sus respectivas investigaciones sobre la represión. Son las únicas comunidades que, como tales, han enviado documentación al magistrado. La Generalitat catalana tiene un mapa elaborado, en el que se han podido localizar 179 fosas. 88 de ellas están certificadas a través de diversa documentación.

Y el resto se ha encontrado gracias fundamentalmente a los testimonios de los ancianos, a sus recuerdos. 'Da respuesta a un mandato político y a un compromiso ético', aseguró el conseller de Interior, Joan Saura (ICV), en la presentación.

Mientras, el gobierno gallego ha financiado la investigación Las víctimas, los nombres, las voces y los lugares. Sin embargo, el mapa que prevé aún no está concluido. Por ahora, han localizado 26 fosas y 11 puntos en la costa en los que se hundieron cadáveres. Esta investigación le ha permitido a la Xunta disponer de un primer censo de víctimas que han enviado a Garzón.

Andalucía, que fue de las primeras comunidades en elaborar un decreto, y que tiene prácticamente terminado su mapa de fosas -elaborado por las asociaciones- con la escalofriante cifra de 668, no se lo ha remitido hasta ahora al juez. España tiene aún una memoria incompleta.


Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.

¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista?

Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes.

¿Fue un genocidio la represión franquista?

Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas.

Entonces, ¿qué fue?

Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad.

 ¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama ‘politicidio'?

Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad.

¿Franco recuperó a todos sus muertos?

Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse.

¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes?

Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria.

¿Qué debe hacer ahora el Estado?

Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.