El juez central de instrucción 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha dictado esta tarde un auto en el que impone una fianza de tres millones de euros a Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, y de otros 16 millones de euros a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, para hacer frente a sus posibles responsabilidades civiles y las multas consiguientes por la administración desleal de la entidad intervenida.

Blesa y Rato, así como el exdirector financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, han declarado este jueves por la tarde como imputados en la Audiencia Nacional por el escándalo de las tarjetas opacas, con las que 83 exconsejeros y exdirectivos de la entidad cargaron 15,5 millones entre 1999 y 2012, de los que 15,25 millones fueron sufragados por Caja Madrid y el resto por Bankia.

El juez Andreu da tres días hábiles a los dos expresidentes para que las depositen con el apercibimiento de que, si no las abonan, les serán embargados sus bienes. El cálculo de la fianza está basado en las posibles responsabilidades civiles que en las que podrían haber incurrido al permitir que 86 consejeros utilizaran tarjetas opacas al fisco, así como las multas posteriores. El importe de la fianza abraca el tiempo en que cada uno estuvo al frente de la entidad financiera: Miguel Blesa, desde el año 1996 a enero 2010; y Rodrigo Rato, desde ese mes hasta mayo de 2012.

Las fianzas se dictan por un presunto delito continuado de administración desleal. Un tipo penal que sanciona a los administradores de una sociedad que realizan conductas causantes de perjuicios con abuso de las funciones propias de su cargo.

Previamente, la Fiscalía Anticorrupción había pedido al juez Fernando Andreu que impusiera una fianza de responsabilidad civil al expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, de más de 14 millones de euros, equivalente a la cantidad que se cargaron a las tarjetas opacas de la entidad bajo su mandato. A la petición se ha sumado el FROB. Bankia por su parte alega que no tiene nada que decir al respecto porque el daño no se ha causado a esta entidad, sino a Caja Madrid.

Fuentes jurídicas han informado de la petición del Ministerio Público, a la que se ha adherido el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), dependiente del Ministerio de Economía, mientras Blesa aguarda aún en dependencias de la Audiencia Nacional a que el juez tome una decisión al respecto.