Un juez estadounidense rehúso hoy desestimar la acusación de extorsión presentada contra Sylvia Helena Alzate, ex empleada de Alejandro Sanz acusada, junto a su esposo, Carlos González, de pedirle dinero para no divulgar asuntos personales suyos.

El magistrado Israel Reyes consideró que debe ser un jurado y no él quien se pronuncie sobre la acusación, por lo que Alzate tiene que someterse al juicio previsto para el próximo 17 de marzo.

Reyes dio a conocer su decisión tras escuchar los alegatos de ambas partes en una vista judicial a la que asistió sólo Alzate porque González permanece detenido en una cárcel del condado de Miami-Dade las reglas de la libertad condicional.

Lonnie Richardson, abogado defensor, argumentó que su cliente no intervino directamente en una conversación telefónica grabada por las autoridades de EEUU el 12 de diciembre del año 2006.

En la conversación participaban González y Juan Ramón Ramírez, director corporativo de Alja, una subsidiaria en Florida de la compañía Gazul Producciones S.L., propiedad de Sanz.

"En el fondo de toda esta conversación, que la Fiscalía pretende pintar como si fuese una extorsión, se escucha a Sylvia Alzate, furiosa, diciendo 'déjenos quietos, váyanse', cosas como esa. Es lo que dice en esta conversación en particular", alegó el letrado.

Pero el fiscal encargado del caso, Michael Von Zamft, replicó que existen otros testimonios que el abogado no mencionó y que en uno de ellos se le escucha decir a la acusada: "necesitamos hacerle daño a Alejandro".

Von Zamft arguyó que esa frase demuestra que Alzate estaba incitando a González.

El juez comentó que lo que se escucha en la grabación no es suficiente para sustentar las acusaciones, pero al tomarse en consideración el comentario de Alzate, junto a otras pruebas, la situación es diferente.

"Si se une todo esto y se considera el peso de las circunstancias, creo que es suficiente para denegar esa moción", dictaminó Reyes.

Richardson ha cuestionado la grabación argumentando que en ningún momento se escucha a sus clientes intentar extorsionar al artista madrileño como sostienen los fiscales.

En la conversación González niega haber pedido 500.000 dólares al cantante ganador de 15 premios Grammy Latino a cambio de su silencio.

"Bueno, ¿en qué quedamos, Carlos?", pregunta Ramírez, y González reiteró "estás hablando por teléfono conmigo, diciendo que tengo cosas personales. No tengo nada personal de Alejandro".

A lo que Ramírez espetó "entonces cuando me llamaste el otro día para pedirme 500.000 euros, (se corrige) 500.000 dólares, ¿para qué me los pedías?".

"Estás equivocado, en ningún momento te pedí 500.000 euros, ni nada de cifras de dinero, ni mucho menos. Solamente te llamé para decirte que debíamos arreglarnos porque a mi esposa la botaron sin una carta de recomendación y sin una compensación por todo el tiempo que estuvimos con ustedes y a mi me hicieron lo mismo. Yo en ningún momento hablé de precio", dijo el acusado.

González, un cubanoamericano, y Alzate, de origen colombiano, trabajaron durante seis años en la residencia del artista en Miami Beach, y afirman que Sanz les debe dinero por horas extras y vacaciones.

Al finalizar la vista judicial, el abogado defensor declaró a los periodistas que era la segunda vez que presentaba la moción para desestimar el cargo de Alzate, pero el juez "cree que debe ser escuchado por un jurado".