El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado este miércoles auto de procesamiento contra el presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, y su padre, Demetrio Carceller Coll, por un fraude fiscal de este último de 72,04 millones de euros, y delito de blanqueo de capitales. El magistrado también acusa de la defraudación a un abogado y a un colaborador de Carceller Coll --patriarca de la familia Carceller, una de las mayores fortunas de España--, al simular que residía en Portugal y Reino Unido cuando en realidad lo hacía en un piso de Madrid capital y en una finca de Galapagar (sierra de Madrid).

El juez considera que existen motivos para juzgar a Demetrio Carceller Coll, a su hijo y a los otros dos acusados por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. Carceller Arce preside Damm y la petrolea canaria DISA, y la familia tiene importantes paquetes de acciones en empresas como Pescanova. El imperio económico se forjó a partir de Demetrio Carceller Segura, que fue ministro de Industria de Franco en los años 40 del pasado siglo y uno de los fundadores de Falange.

En un auto dictado este miércoles, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 transforma las actuaciones en procedimiento abreviado, decisión equivalente al procesamiento, y da un plazo de veinte días a la Fiscalía y el resto de partes personadas en el proceso para que formulen su escrito de acusación o soliciten el sobreseimiento.

Además de Demetrio Carceller Coll, al que se atribuye desde los años noventa 'una actividad dirigida a ocultar que su residencia efectiva y real radicaba en España', el juez dirige la acción penal contra su hijo, Demetrio Carceller Arce (presidente de Damm); el abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen; y su 'hombre de confianza', José Luis Serrano Flórez.

Ruz señala que, a pesar de que su domicilio estaba en Madrid y en la también localidad madrileña de Galapagar , el empresario llevó a cabo maniobras para 'ocultar sus rentas y patrimonios a la Hacienda Pública española' mediante la utilización de estructuras fiduciarias radicadas en paraísos fiscales y la reinversión de las cuotas defraudadas en sociedades que también controlaba.

En concreto, el juez detalla que, según los informes elaborados por la Agencia Tributaria, Carceller podría haber defraudado entre los años 2001 y 2009 un total de 42,34 millones de euros en concepto de IRPF y 29,69 millones más en relación con el Impuesto de Patrimonio.

Excluyendo los ejercicios en los que el delito fiscal habría prescrito, el auto señala que se habrían defraudado las cuotas de IRPF entre los años 2003 y 2009, el Impuesto de Patrimonio de 2003 a 2007 y el Impuesto de Sucesiones del ejercicio 2006. En todo caso, estas cuantías superarían el límite de 120.000 euros a partir del cual el fraude se tipifica como delito y no como falta.

El magistrado también detalla que el abogado Pretus Labayen se encargó de 'articular todas las sociedades' utilizadas por el entramado societario y planificar la simulación de su residencia en Portugal y Reino Unido; y que Serrano Flórez le aportó la 'información y documentación necesaria' para este fin.

En cuanto a Demetrio Carceller Arce, participó 'activamente' en la gestión del patrimonio de su padre, especialmente en inversiones inmobiliarias que hizo en Arizona (Estados Unidos),'articulando, junto con los anteriores, las estructuras societarias necesarias para ocultar todas las rentas generadas y patrimonio perteciente' a Carceller Coll, siendo además esencial su colaboración en la simulación de la residencia de su padre en el extranjero.

Entre las actividades de ocultación que habría realizado Carceller se encuentran la de la titularidad de 'importantes paquetes accionariales' de la empresa Atlántica Petrogas y de las sociedades canarias Inarsa, Cursa, Syocsa y Amisa. Además, la Agencia Tributaria denunció que su inversión en la sociedad Hidroeléctrica del Cantábrico se colocó detrás de una estructura societario con entidades en Holanda (Halfrond BV), Las Antillas Holandesas (Arana NV) y Panamá (Financiera Intercontinental SA).

Finalmente, los inspectores de Hacienda trasladaron al juez que Carceller creó 'un entramado societario extranjero' a través del cual se ocultó la titularidad real de Carceller de paquetes accionariales en siete sociedades agrarias del sur de España.